El PSPV llevará Rabassa ante el TSJ

El plan Rabassa llegará a los tribunales. Los socialistas anunciaron ayer, a través del su portavoz en las Cortes Valencianas, Ángel Luna, que presentarán un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en el que solicitan la suspensión cautelar del proyecto, la anulación del acuerdo de la autorización definitiva por parte de la Consejería de Urbanismo y la revocación del mismo.

Los tribunales deberán pronunciarse sobre el plan Rabassa, una macrourbanización proyectada al margen del PGOU en Alicante, adjudicada al promotor Enrique Ortiz y que prevé 13.503 casas. Ángel Luna firmará y presentará el recurso ante el TSJ cuando se publique en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. "Lo haré personalmente como portavoz del grupo, pero con el apoyo tanto de Jorge Alarte, secretario del PSPV, como del secretario local [de Alicante], Roque Moreno", explicó ayer.

El recurso, que se encargará de preparar el abogado urbanista Antoni Lluch, esgrimirá tres cuestiones fundamentales para paralizar la construcción de este proyecto. Por un lado, la falta de recursos hídricos, ya que no están garantizados ni figura informe favorable de la Confederación del Júcar. Los socialistas cuestionan, además, la sostenibilidad ambiental de este macro proyecto, y sobre todo critican que se haya tramitado al margen del PGOU.

La estrategia a seguir será similar a la que plantearon para recurrir Nou Mil·leni, otro macroproyecto en Catarroja, donde están proyectadas 12.000 nuevas viviendas, que el concierto previo elevó a 13.500, de las que la mitad serán de protección oficial. Ayer los socialistas en las Cortes recibieron un nuevo auto declarando la suspensión cautelar de estas obras, merced al recurso que presentaron en su día, según aseguró Luna.

En el caso de Alicante, el promotor Enrique Ortiz, recibió hace dos semanas la autorización definitiva de la Consejería de Urbanismo, una vez subsanadas algunas deficiencias. Ortiz confía en poder iniciar las obras "cuanto antes", una vez recibidas las correspondientes licencias municipales. La idea era empezar las obras a finales de año y entregar las llaves de las primeras casas dentro de tres años, y crear más de 3.000 empleos.