El PSPV se querella contra Camps por cohecho

El PSPV presentó ayer una querella contra Francisco Camps y el resto de imputados de la trama valenciana del caso Gürtel por un delito de cohecho. Con ello, los socialistas valencianos pretenden actuar en el procedimiento abierto en el Tribunal Superior (TSJ) de la Comunidad Valenciana como acción popular, es decir, en defensa de los derechos de los ciudadanos. El PSPV presenta la querella por cohecho en tanto la causa está precisamente abierta por ese mismo delito, lo que no excluye una ulterior ampliación por otros ilícitos si se considerara que existen indicios suficientes. Será el magistrado-juez instructor de la causa, José Flors, quien se pronuncie. En el caso de aceptar la personación, fijaría una fianza, a la que el Tribunal Constitucional en diferentes oportunidades se ha referido como una exigencia que en ningún caso ha de servir para excluir por su cuantía el ejercicio de un derecho que se entiende fundamental.

El portavoz del Grupo Socialista en las Cortes valencianas, Ángel Luna, dijo ayer que el objetivo es el de "defender el interés público". Luna precisó que la querella se ha presentado contra Camps, contra Ricardo Costa, secretario general de los populares valencianos; contra Víctor Campos, ex vicepresidente de la Generalitat; y Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo.

Andrés Perelló, candidato socialista al Parlamento Europeo, defendió ayer la decisión de su partido y aseguró que "lo único que han hecho los valencianos para soportar tanta corrupción por metro cuadrado es votar al PP". Perelló dijo que los socialistas están obligados defender los intereses de los ciudadanos en los tribunales.

La presentación de la querella coincidió ayer con la declaración en el TSJ de 35 altos cargos y funcionarios de la Generalitat en calidad de testigos y en relación con la trama. Ese desfile provocó algunas reacciones. Marga Sanz, coordinadora de Esquerra Unida (EU), criticó que hasta el momento ninguno de los imputados por el caso Gürtel en Valencia haya presentado su dimisión. Y añadió que la situación que está provocando el asunto es de "insostenibilidad en el Parlamento autonómico, de parálisis en el Consell".Como reacción a la querella presentada por el PSPV-PSOE y siguiendo la estrategia de ataque para hacer frente a la imputación de Francisco Camps en el caso Gürtel, el PP puso ayer en conocimiento de la Fiscalía supuestas irregularidades en las contrataciones del alcalde de Alfafar, el socialista Emilio Muñoz, con la empresa de la familia del secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte. Según indicaron fuentes populares en un comunicado, la vicesecretaria de Comunicación del PPCV, Marta Torrado, la portavoz del PP de Alfafar, María José Bello, y varios ediles del PP de la localidad han llevado a la Fiscalía estas supuestas irregularidades respecto a la contratación del servicio de grúa municipal.

El grupo municipal de esta localidad ha reclamado una comisión de investigación en el consistorio, que no ha sido aceptada, para saber "qué ha pasado con la contratación y adjudicación de la retirada de vehículos mediante grúa a la empresa Automóviles Santos, propiedad de la familia del alcalde de Alaquàs y líder de los socialistas valencianos, Jorge Alarte. Esta propuesta, según Torrado, era la más cara de las dos que se presentaron, aunque el Ayuntamiento adujo que la otra carecía de experiencia.

Torrado señaló que el PP busca "la máxima transparencia" y que el alcalde de Alfafar "responda sobre sus actuaciones como alcalde" y "sobre los contratos que firma con la empresa de la familia de Alarte". Según justificó, el PP ha tenido que poner en conocimiento de la Fiscalía las "actuaciones presuntamente irregulares" del Ayuntamiento al no obtener información sobre la gestión en la contratación del servicio de grúa municipal a la empresa de la familia del líder socialista.

La portavoz del PP en Alfafar aseguró que "hay algo que se esconde", ante "la opacidad y la falta de transparencia del alcalde".

Por su parte, el secretario general del PP en la Comunidad Valenciana, Ricardo Costa, aseguró ayer que todo lo que tenía que declarar, en relación con su imputación por un presunto delito de cohecho vinculado al caso Gürtel, ya lo dijo en su momento. Costa, que compareció como imputado el pasado martes ante el magistrado instructor de la causa en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, evitó así responder a las preguntas que los medios le formularon ayer durante su visita al mercado de Paterna con motivo de la campaña electoral.