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Tribuna:Laboratorio de ideas

El Estado y el nuevo modelo económico

Existe un cierto consenso, y así se está reflejando en los medios informativos, respecto a la necesidad de cambiar el modelo económico que ha funcionado en España durante el último ciclo expansivo y que no parece adecuado ni para la salida de la crisis ni para obtener un crecimiento suficiente para generar el empleo que la sociedad española demanda y necesita. No sólo lo dice el Gobierno sino las instituciones nacionales e internacionales y los economistas.

Pero es conveniente aclarar el significado de "modelo económico", lo que se quiere cambiar y el papel que deben tener el Estado y los agentes sociales (sindicatos, empresas, consumidores, inversores) en este proceso y en una economía de libre mercado. Es importante definir los objetivos y los plazos en los que se quiere realizar la transformación. Si no se definen claramente se corre el riesgo de que todos hablemos de cosas diferentes y los esfuerzos de los distintos agentes económicos se dispersen e incluso vayan en direcciones opuestas.

Deberían impulsarse sectores como alimentación, química, farmacéutico, electrónico, electricidad o telefonía

Dejando aparte la acepción más matemática o econométrica del modelo económico por no ser lo que está en discusión, un modelo económico es una síntesis o simplificación de lo que ocurre en la economía (en este caso de España) que refleja las actuaciones y relaciones causa-efecto entre los agentes económicos de producción, consumo e inversión. Si nos referimos a un modelo económico social, estas relaciones se amplían porque no se refieren únicamente a las transacciones económicas sino también a las de carácter social que no tienen necesariamente una contraprestación económica como son los trabajos voluntarios (y no tan voluntarios) en el entorno de la familia o de organizaciones no lucrativas (ONG). En economía política se estudian tres tipos de modelos económicos: economía de mercado, economía dirigida y economía mixta, siendo este último una mezcla de los dos primeros.

Dando por hecho que estamos dentro del modelo de economía de mercado establecido y aprobado para la UE y entendiendo que éste no es el objetivo a cambiar, deberíamos definir y si fuese posible consensuar qué queremos cambiar. El Gobierno, por sus declaraciones y por las medidas tomadas, parece estar pensando en un cambio del modelo económico-social más que en un cambio del sistema productivo. Al referirse a veces a un cambio hacia "una economía más productiva y menos especulativa" si se refleja una intención de modificar el modelo productivo (sistema productivo) aunque su resistencia a impulsar las reformas estructurales, aconsejadas por instituciones internacionales, analistas, economistas y profesores, parece estar en contradicción con ello.

Durante décadas hemos tenido en España un sistema productivo basado en la construcción y el turismo. La construcción de viviendas y obras públicas ha llegado a pesar el 11% del PIB, porcentaje más elevado que en el resto de nuestros socios europeos. Al turismo, teniendo en cuenta los diferentes sectores que intervienen en su actividad (hostelería, comercio, transporte), se le estima un peso entre el 10% y el 11% del PIB. La dimensión relativa del conjunto de los sectores industriales, excluida la construcción, ha ido disminuyendo paulatinamente mientras ha aumentado la actividad de los servicios a las empresas con una clara tendencia a la externalización de algunos de ellos por parte de las empresas industriales (limpieza, seguridad, transporte, informática).

El cambio del sistema productivo español (no del modelo) consistirá en parte en la reducción de la dimensión de la construcción en el subsector de la vivienda y no de las obras públicas, alcanzando un tamaño más adecuado para las necesidades de la demanda. Tras el ajuste que se está produciendo como efecto directo de la crisis, el sector de la construcción deberá recuperar un peso en torno al 9% del PIB y por tanto será necesario que se incremente la actividad de otros sectores y/o aparezcan otros nuevos, que complementen esos dos puntos del PIB que perderá la construcción. Por otra parte, el turismo y los sectores que lo componen son piezas fundamentales en la estructura española dadas las ventajas competitivas que nos aportan la situación geográfica y el clima.

Sería conveniente que los sectores industriales alcanzasen una dimensión algo mayor y ya que las industrias auxiliares de la construcción de viviendas se resentirán de su redimensionamiento, habrá que impulsar sectores en los que España haya alcanzado un cierto nivel de productividad y competitividad en el mundo: sector alimentario, químico, farmacéutico, electrónico, o en sectores que por tener asegurada una demanda interna su posición ventajosa les facilita el crecimiento. Es el caso de los sectores energéticos y en particular el eléctrico. Otros también de carácter más novedoso están situados entre los servicios: la telefonía y los servicios informáticos. Pero todos los posibles cambios tienen que coincidir en una mejora de la calidad y de productos o servicios singulares que les permita competir en otros mercados. Habrá qué definir en términos económicos que se considera sectores de economía sostenible.

¿Y cuál debe ser el papel del Estado y del Gobierno como instrumento del mismo? Sin olvidar que estamos en una economía de mercado y que el peso del Estado es cada vez menor aunque complementado con el de las 17 comunidades autónomas, con la excepción de la actividad del sector público (enseñanza, sanidad, infraestructuras), son las empresas las que tienen que buscar, decidir y poner en marcha la actividad productiva, ya sea industrial o de servicios. Lo que si puede hacer el Gobierno es mejorar las condiciones para el desempeño de esa actividad de las empresas, ayudando a reducir los costes de producción, facilitando los trámites tanto en el inicio de la actividad como en su desarrollo, generando un entorno de estabilidad y de seguridad jurídica, etcétera. Para ello tendrá que apoyarse en las directivas comunitarias y no buscar atajos para solventarlas, consensuar con las comunidades autónomas en las numerosas actividades de las que tiene autonomía legislativa y por último consensuar con otros partidos políticos para conseguir su apoyo en el Parlamento cuando presenta alguna legislación con ánimo de cambio.

Carmen Alcaide es economista y ex presidenta del INE.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 24 de mayo de 2009