La Abogacía acusó en el 'caso Filesa' en tiempos de González

La personación del Estado en causas judiciales donde se investigan delitos que han perjudicado a las arcas públicas es algo habitual, incluso cuando los sospechosos de haber cometido irregularidades son políticos del partido que gobierna en ese momento. Uno de los ejemplos más significativos, por la relevancia social y política que adquirió el caso, fue el de la financiación ilegal del PSOE a través de Filesa en los años noventa.

La Abogacía del Estado ejerció la acusación en ese sumario judicial. Lo formalizó en un escrito fechado el 7 de octubre de 1995, cuando todavía gobernaban los socialistas.

Los servicios jurídicos del Estado acusaron a distintas personas de la trama de financiación ilegal. El abogado del Estado pidió 12 años y ocho meses de cárcel y 767 millones de pesetas de indemnización para el ex diputado socialista Carlos Navarro y sus socios Luis Oliveró y Alberto Flores. La acusación se fundamentaba en la existencia de indicios de delitos en los que el Estado había resultado perjudicado económicamente.

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También solicitó el abogado del Estado ocho años de cárcel por delitos fiscales y falsedad en documento mercantil para Aída Álvarez, responsable de las empresas proveedoras de la trama de financiación ilegal.

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