Málaga permite casas sin la lejanía reglada a un cementerio
El Ayuntamiento de Málaga tomó ayer dos acuerdos en materia de urbanismo con pronunciamientos contrarios de la Junta de Andalucía, si bien los informes autonómicos no tienen carácter vinculante, que suponen la construcción en total de 410 viviendas por parte de dos promotoras privadas.
La comisión municipal de Urbanismo aprobó el plan parcial de ordenación de Atalaya, en Churriana, que contempla la construcción de una promoción de 260 chalés a una distancia del cementerio inferior a los 500 metros que estipula el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria. Alguna casas estarán a menos de 100 metros del camposanto de Churriana. Por este motivo, La Consejería de Salud emitió un informe contrario al plan de ordenación en noviembre de 2007.
Sin embargo, el Ayuntamiento de Málaga ha considerado que este reglamento se aprobó después del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente, y que procede aplicar la normativa mortuoria estatal de 1974. Lo curioso del asunto es que la propia empresa municipal de cementerios, Parcemasa, entiende que debe ser de aplicación el reglamento autonómico de 2001. El secretario municipal advirtió ayer en la comisión que se debía haber solicitado un informe al servicio municipal de sanidad para determinar si puede existir algún riesgo para la salud por la proximidad de las viviendas al cementerio.
Recalificación de Flex
La comisión municipal de Urbanismo dio también el visto bueno al Plan Especial de Reforma Interior (PERI) Flex, por el que se da uso residencial a la parcela que ocupaba la antigua fábrica de colchones, donde se permitirá construir 150 viviendas en dos bloques de 16 y de siete plantas, sin obligación de reserva de cupo para VPO. La consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio ha emitido dos informes contrarios por entender que no se cumplen los parámetros legales de edificabilidad y densidad.
El equipo de Gobierno ha destacado que 4.791 metros cuadrados de destinarán a uso público en una zona muy necesitada de equipamientos, Carretera de Cádiz. Precisamente ese es el argumento de la oposición para reclamar que todo el espacio de destine a uso público. El PSOE lamenta que se trata de un nuevo caso de trato de favor a una empresa privada, promociones Belfasa. IU ha pedido a la Junta que impugne el acuerdo municipal.
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