Nadie quiere al Estado en el capital

Si en algo coinciden bancos y cajas de ahorros es en que quieren evitar que el Estado entre en su capital y en los consejos de administración. Algunos no rechazarían la inyección de capital, pero temen perder autonomía en la gestión. Las cajas, que son la mitad del sistema financiero, ya están atravesadas por los poderes municipales y autonómicos, por lo que la entrada del Estado sería un tercer contrapoder que complicaría el equilibrio interno. Los bancos, celosos de su independencia, temen que se les obligue a dar créditos.

La versión oficial del Gobierno, en boca de Pedro Solbes, vicepresidente y ministro de Economía, es que las ayudas a las entidades con problemas de solvencia (por la subida de la morosidad) se debe hacer a través de los Fondos de Garantía de Depósitos (FGD). También sugirió que algunas entidades no solventes "deberán dejar de ser jugadores", es decir, sugirió que serán vendidas o fusionadas por intervención del Banco de España para evitar que generen "distorsiones" en el sector.

La banca acumula en el FGD 7.241 millones, una cantidad escasa si la crisis empieza a tumbar a entidades medianas. Solbes ha prometido inyecciones del Estado si se acaban los recursos. El plan sería como el de Banesto en 1993: las que tengan problemas se deben sanear, reestructurar y venderlas a otras entidades.

Sin embargo, otros miembros del Gobierno, como el ministro de Industria, Miguel Sebastián, piden inyecciones preventivas y obligatorias de capital público a las entidades para reforzarlas antes de que sean dañadas por la crisis. El Estado se sentaría en los consejos, es decir, habría control. Pronto se verá cual es la corriente ganadora.