La alcaldesa de Dénia, ante el juez por echar al jefe del urbanismo
El conflicto urbanístico que propició la moción de censura de Dénia llegó ayer a los juzgados. La alcaldesa, Ana Kringe, del PP, declaró como imputada acusada de un presunto delito de prevaricación por el ex gerente de Urbanismo durante la etapa del PSPV, Juan Frasés, quien también prestó declaración. Kringe destituyó a Frasés al llegar al poder en julio del año pasado, cuando el entonces gerente y mano derecha de la ex alcaldesa socialista Paqui Viciano tramitaba el Plan General de la población. El futuro de ese planeamiento ha pasado ahora a ser controlado por el PP, tres partidos independientes y el ex tránsfuga socialista Juan Collado.
Frasés ratificó ayer su denuncia y aseguró ante el juez que fue despedido por la alcaldesa "con intencionalidad y arbitrariedad". Y añadió: "Ya antes de la moción de censura [Kringe] declaró que una de las razones de la misma era mi cese, con lo que tomó una decisión a sabiendas de que era injusta". La acusación de prevaricación se basa en que Kringe revocó el nombramiento de Frasés para su cargo cuatro meses antes de que finalizara su contrato en comisión de servicios y sin que lo avalara ningún informe jurídico. El ex gerente añadió que no existía ningún acuerdo municipal por el que el Ayuntamiento desistiera de redactar un nuevo Plan General.
Por su parte, Kringe acudió ayer al juzgado acompañada de Collado y de otros tres ediles de su gobierno local, que escenificaron así su apoyo a la edil, quien mostró su confianza en que la querella sea archivada "ya que el cese de Frasés fue legal". La alcaldesa advirtió además de que la excepcionalidad de la comisión de servicios del ex gerente ya no estaba justificada debido a que éste no había sido capaz de finalizar el PGOU pese a ocupar su cargo desde el año 2003. Ana Kringe no se cruzó Frasés.
En este nuevo frente judicial laten las discrepancias urbanísticas que han enfrentado a los dos últimos gobiernos, que se acusan recíprocamente de haberla saturado de hormigón. Con Frasés, la ciudad redactó un plan de mínimos que protegía cuatro millones de metros cuadrados de la costa, pero el PP y sus aliados le acusaron de haber permitido la construcción de 10.000 casas en los últimos años. El ejecutivo de Kringe ha puesto ahora el urbanismo en manos de dos funcionarios vinculados a importantes promotoras, una de las cuales aspira a edificar otras 4.000 casas en el litoral.
