El alcalde de Alcaucín se negó a abrir la caja fuerte

El alcalde de la población malagueña de Alcaucín, José Manuel Martín Alba, expulsado del PSOE, se sumó el viernes a la larga lista de regidores y ediles implicados en casos de corrupción a los que la policía ha sorprendido con cantidades bochornosas de dinero escondidas en sus viviendas.

El primer edil, conocido en los circuitos flamencos con el nombre artístito de Pepe Calayo, observó, aparentementemente tranquilo, como la Guardia Civil revisaba los rincones e iba descubriendo sus escondites del dinero. "Había unos 160.000 euros guardados por diferentes sitios de la casa", señalan fuentes de la investigación.

El dinero estaba bajo el colchón y repartido en bolsas, publicó ayer Sur. La paciencia de José Manuel Martín debió de agotarse cuando los investigadores le pidieron la llave de la caja fuerte. "Se negó a facilitarla", relatan testigos del registro. Como no pudieron abrirla y ver lo que tenía dentro, tuvieron que llevársela puesta.

Los investigadores intervinieron 12.000 euros en otro de los registros

El alcalde y otros 10 detenidos declaran hoy en el juzgado número 3 de Vélez

El registro de la vivienda, en el centro histórico y unos 150 metros del Consistorio, arrancó a primera de la mañana. Los agentes se emplearon durante poco más de dos horas. A mediodía continuaron los registros en el Ayuntamiento. El regidor, albañil de profesión, entró entre gritos como "alcalde, el pueblo está contigo" "alcalde te queremos" o "viva el alcalde de Alcaucín". El tono de alabanza continuaba ayer en los establecimientos del municipio. "Es una persona muy buena que sólo ha mirado por el bien del pueblo. Han tenido que llegar unos listos y lo habrán engañado", decían.

La detención del alcalde y de otras 12 personas por el caso Arcos contra la corrupción urbanística seguía siendo ayer tema de conversación en el municipio de apenas 2.500 habitantes censados. Los vecinos seguían asombrándose y defendiendo las bondades de su alcalde, mientras compraban el pan o compartían un café en los bares.

La Fiscalía Anticorrupción acusa al regidor de los delitos de cohecho, blanqueo, prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental, estafa y delitos contra la ordenación del territorio. El día de su detención fue expulsado del PSOE, partido con el que ganó la alcaldía con mayoría absoluta en cinco ocasiones.

Los 160.000 euros que la Guardia Civil encontró en su domicilio familiar de la calle Alta estaban repartidos en billetes de 500 y 200 euros. Al parecer, el regidor justificó esta suma diciendo que eran "los ahorros de toda una vida".

Estas dos cantidades tienen un profundo significado en el mundo inmobiliario. El pinchazo del ladrillo y las investigaciones de la Agencia Tributaria han hecho que los billetes de 500 euros, famosos Bin Laden, no estén de moda -su emisión bajó un 1,7% en 2007- y que ahora se prefieran los de 200 euros. El escandaloso incremento de estos billetes hizo que la Agencia Tributaria investigara hasta 12.000 operaciones económicas superiores a los 500.000 euros. El 80% pertenece a constructoras e inmobiliarias y el 70% son sospechosas de fraude.

La caja fuerte que el regidor se negó a abrir fue trasladada a la Comandancia malagueña. En otro de los registros intervinieron 12.000 euros y en los siguientes, hasta una decena, localizaron "pequeñas cantidades", señalaron fuentes de la investigación.

Los dos últimos días, la Guardia Civil ha tomado declaración a los 13 detenidos. Ayer dejaron en libertad con cargos a la hija de uno de los empresarios implicados y el sábado a una funcionaria de la Diputación de Málaga, que trabajaba como secretaria del arquitecto José Mora Lamperez, también arrestado.

Está previsto que los 11 implicados restantes pasen a disposición del juzgado número 3 de Vélez Málaga a primera hora de la mañana de hoy. Entre ellos está el arquitecto que trabajaba como jefe de servicio en la Diputación malagueña, las dos hijas del regidor y al menos tres constructores que levantaron construcciones irregulares en la población.

El caso Arcos investiga el pago de empresarios a cargos públicos de comisiones en forma de dinero o con viviendas para que hicieran la vista gorda, taparan o impulsaran viviendas irregulares. Los técnicos implicados están acusados de emitir de informes y certificados falsos expedidos para alterar las inscripciones catastrales y registrales de las fincas. La mayoría de los compradores de esas viviendas, que se han multiplicado exponencialmente en la población en los últimos años, son extranjeros.

Los ecologistas calculan que entre 1991 y 2007 se levantaron en la ciudad 1.064 viviendas ilegales en suelo rústico. El Grupo de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía (GENA) interpuso entre 1998 y 2004 "más de 80 denuncias" de casas ilegales en Alcaucín ante la Junta. "La mayoría fueron archivadas o se saldaban con la multa mínima", asegura su portavoz Rafael Yus, que en en 2006, empezó llevar los casos a la Fiscalía. El consejero andaluz de Vivienda, Juan Espadas, recuerda que la Junta ha impugnado 27 acuerdos del Consistorio de Alcaucín y que ha tramitado 21 denuncias de particulares sobre el urbanismo en la localidad.

Una de las denuncias que Yus llevó a la Fiscalía en 2006 afecta a la promotora Crocasa SL, cuyo propietario ha sido detenido, junto con la administradora, que es su hija, y el novio de ésta última. Gena denunció una recalificación para construir 45 viviendas en una parcela donde el planeamiento sólo permitía dos chalés, y que las dos hijas del alcalde recibieron una vivienda de la promoción cada una de regalo.