Los informes de Israel no paran la causa por el ataque a Gaza

La documentación entregada por Israel al juez Fernando Andreu para demostrar que su hoy ministro de Infraestructuras, Benjamin Ben Eliezer, y otros seis cargos militares ya fueron investigados en su país por acabar con la vida de 14 civiles inocentes -la mayoría niños y bebés- en el asesinato selectivo del dirigente de Hamás Salah Shehadeh, no ha conseguido, por el momento, parar el caso abierto en la Audiencia Nacional.

A la espera de la traducción oficial al español de los cerca de 400 folios enviados por ese país al juzgado un día después de que se abriera la investigación, el pasado 29 de enero, Andreu ha analizado un resumen que le ha facilitado la embajada y, según fuentes de la Audiencia, de su contenido ha concluido que los hechos no fueron objeto de ninguna investigación criminal en Israel, por lo que seguirá investigando.

El ataque, perpetrado con una bomba teledirigida de una tonelada lanzada desde un caza F-16 el 22 de julio de 2002 en el centro de la ciudad de Gaza, fue analizado tanto por el Abogado General de las Fuerzas Armadas, como por el fiscal general de ese país. Ambos concluyeron que el caso "no merecía una investigación criminal contra los oficiales israelíes", ya que el ataque iba dirigido contra "un objetivo legal" y con la debida consideración al derecho de guerra y a "los principios de distinción y proporcionalidad".

"Aplicación selectiva"

Esas decisiones fueron recurridas ante el Tribunal Supremo israelí por la organización pacifista Yesh Gvul (Hay límites), que da apoyo a los militares que se niegan a participar en misiones de represión o agresión. Ese colectivo solicitó la anulación de las decisiones del fiscal general y del Abogado General del Ejército argumentando que se fundamentaban en "una aplicación selectiva de la ley, en la corrupción y en el desprecio por la vida humana".

El Supremo, según el documento, rechazó la petición de ese organismo el pasado 23 de diciembre, argumentando que no se había podido demostrar ningún defecto en la decisión de ambos cargos de no abrir una investigación criminal. Actualmente, una comisión gubernamental está estudiando el caso, explica el informe, de cuyo contenido se desprende que no existe una causa penal abierta en Israel.