Sueldos bajo presión

El petróleo se ha hundido. Con él, ha arrastrado a la inflación. Y, por extensión, amenaza con hacer naufragar las negociaciones entre empresarios y sindicatos para fijar los salarios este año. Se enturbiaría así otro escenario en el que ambas partes están presentes: el diálogo social, exhibido por el Gobierno como un gran activo. El acuerdo estatal que sirvió de guía para la renovación de convenios (ANC) en 2008 se firmó un mes antes de arrancar el ejercicio. El de este año, y ya corre febrero avanzado, todavía no se ha rubricado.

¿Qué ha cambiado? La crisis. Avanza a "velocidad de huracán", según el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, y domina el ámbito económico y laboral. Pero, sobre todo, hay que volver la vista a los precios. El año 2007 finalizó con la inflación en el 4,2%; 2008, en el 1,4%. Y todavía más determinantes son las expectativas, de las que no se descarta la deflación. Para 2009, casi nadie prevé un IPC medio por encima del 1%, de hecho, en enero quedó en un 0,8%.

UGT dice que hay compañías que no quieren cumplir lo que han firmado

Este cambio de escenario ha servido a algún colectivo empresarial para cuestionar abiertamente la renovación del ANC, firmado por primera vez en 2002. En él, para actualizar los salarios, se recomienda que los convenios fijen una subida de acuerdo con el objetivo de inflación del Banco Central Europeo (2%) y un porcentaje por la ganancia de productividad. Como complemento, recoge una cláusula de revisión que se activa cuando la inflación en diciembre supera lo previsto por el BCE, un mecanismo para asegurar el mantenimiento del poder adquisitivo de los trabajadores que raramente funciona también a la inversa. Pero el choque entre sindicatos y empresarios no sólo amenaza el marco general. También llega a las empresas. En lo que va de año ya se han firmado 2.600 convenios. Y en ellos el escollo más común que ponen los empresarios es el de reconocer subidas salariales de acuerdo con la inflación prevista por el BCE, explican Miguel Cuenca y Matín Godino, de Cusan y Sagardoy, dos despachos de abogados laboralistas.

Desde UGT, Toni Ferrer, secretario de Acción Sindical, afirma que hay compañías que ponen pegas para cumplir los convenios plurianuales que recogen revisiones de sueldos según los criterios ya acordados. Para Ferrer, esto no es un comportamiento "leal". "No vamos a transigir con que no se cumpla lo pactado", abunda, y afirma que así se ponen en riesgo 13 años de diálogo social.

La explicación de Godino confirma la afirmación de UGT. Cuenta que hay convenios plurianuales que ya tienen pactadas subidas salariales sobre la base del 2%, y ahí se están planteando problemas, que, en su opinión, es probable que acaben en los tribunales. Y sobre los convenios que se están negociando ahora, afirma que en muchos casos se plantea un crecimiento cero a la espera conocer la inflación real a final de año o dejarlo en el 1%, el dato del deflactor del PIB (la variación de los costes de producción).

Una de las voces empresariales que más claramente se ha alzado contra la fórmula de revisión salarial del ANC procede de Confemetal, la patronal siderúrgica: "Los negociadores deben cambiar la fórmula de cálculo del incremento salarial, cifrándolo en un porcentaje y no el IPC [previsto]". Y cuestiona: "¿Cómo abordar una negociación colectiva cuyos referentes no son creíbles?". El secretario general de esta asociación, Andrés Sánchez de Apellániz, aclara que el "referente no creíble" es la previsión de inflación.

Desde la CEOE, la gran patronal española, no hay un pronunciamiento público tan explícito. Ante los focos, su secretario general a lo más que ha llegado es a pedir a los sindicatos "flexibilidad" ante la "excepcional" de la situación actual. Pero fuentes empresariales apuntan que la CEOE rechaza renovar el pacto para guiar la negociación de 2008 con la fórmula anterior. La pretensión de la patronal sería, a la luz de lo que se habló en la junta directiva del pasado miércoles, fijar una horquilla para actualizar los salarios y obtener más flexibilidad para que las empresas puedan descolgarse de los convenios colectivos (ahora varía en función de cada uno, si bien un requisito extendido es acreditar dos años encadenados de pérdidas).

Los sindicatos se oponen y fijan un plazo para alcanzar el pacto: finales de febrero o comienzos de marzo. "En una situación como la actual es cuando más cargado de razón está el ANC", declara Ramón Górriz, secretario de Acción Sindical de CC OO. "La crisis no tiene que ver con esto, sino con un modelo de crecimiento que no ha sido sano". "No vamos a renunciar a los objetivos salariales", continúa. "El BCE no ha cambiado el objetivo de inflación", apuntala su homólogo de UGT.

Para los sindicatos, reclamar y aplicar ahora una congelación salarial sólo agravaría la crisis. Su argumento es que una pérdida de poder adquisitivo no ayudaría a recuperar el consumo y sería un golpe a la confianza.

Una posible solución para este conflicto en ciernes son las llamadas cláusulas de descuelgue. En su último paquete de medidas anticrisis, el Gobierno recomendó a los agentes sociales "flexibilidad" para aceptarlas y mantener el empleo. La respuesta de ambas partes, sindicatos y patronal, fue que éste es un asunto bilateral en el que el Ejecutivo no tiene arte ni parte. Pero este consejo escoció mucho más entre los sindicatos. Son los empresarios quienes demandan más flexibilidad para aplicar estas cláusulas.