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Un plan para hacer frente a la crisis del sector del ladrillo

Durante los últimos meses nos hemos acostumbrado a escuchar de relevantes autoridades económicas que la actual crisis financiera -preludio de la recesión en la economía real- se debe a la "codicia" de los financieros y a la "desregulación" del mercado.

En cuanto a la "codicia", no hay que ser muy inteligente para deducir que, entendida como la necesidad permanente de mejorar los beneficios, existe siempre y es un requisito para el funcionamiento del sistema. Sin pretender ir a explicaciones estructurales: Los mayores beneficios generan mayor captación de recursos, ascensos profesionales, mejores retribuciones, mayor satisfacción para los accionistas...

En cuanto a la "desregulación", no cabe ninguna duda de que ha influido directamente en la actual situación. No es que los mercados financieros estuvieran desregulados porque algunos estaban controlados por las administraciones y otros tenían una teórica autorregulación como opción política.

"Pensemos en los efectos de una revisión de la eficiencia energética de las viviendas"

Sin embargo, en ambos casos, han sido víctimas de la misma situación y es que cuando se produce un largo período de estabilidad y crecimiento, el optimismo deriva en una generación excesiva de crédito y una euforia especulativa que, ante cualquier acontecimiento inesperado, reacciona de manera desproporcionada, cortando el crédito primero, influyendo en la valoración de los activos y acabando, finalmente, en la contracción de la economía real. (Hyman Minsky; Las razones de Keynes. 1975)

Desde luego, se pueden regular muchas situaciones y, sobre todo, es necesario actuar prudentemente como lo hizo el Banco de España, con la obligación de dotar de provisiones extraordinarias o la necesidad de capital propio en las titulaciones, lo que situó al sistema financiero español en mejor posición frente el riesgo. No obstante, es difícil prever toda la casuística. ¿Quién no ha oído decir a algún conocido lo bien que le han valorado la casa o que le ha quedado dinero suficiente de la hipoteca para amueblar el piso o comprarse un coche?

Los inventos financieros suelen ir a un ritmo superior a la regulación. Aunque siempre se podrán minimizar los riesgos si las nuevas situaciones se regulan, es necesario una exigencia general de transparencia y, sobre todo, un buen funcionamiento de las instituciones democráticas para que exista una vigilancia constante sobre teorías como el monetarismo que, a lo largo de la historia reciente, han demostrado, una y otra vez, un alto riesgo para el empleo y el bienestar de los ciudadanos.

¿Cómo combatir con las mismas recetas que nos han conducido a esta situación el desempleo creciente de nuestra economía? Se supone que las rebajas de los tipos de interés hasta niveles mínimos como han hecho todos los países debería haber contenido la contracción de las economías. Sin duda, algo habrá hecho, pero no lo suficiente, como para no caer en la recesión. Como no lo fue en su día para reactivar la economía de Japón.

La importante inyección de liquidez en el sistema financiero e, incluso, la toma de posiciones de algunos estados en grandes bancos, no se ha traducido en una mayor fluidez del crédito a las empresas y a los particulares. Para algunos de estos grandes bancos que tenían activos contaminados y, por lo tanto, grandes pérdidas, el castigo ha sido duro, pero la situación ya ha aflorado y, ahora, con prudencia y, normalmente, nuevos gestores, puede iniciarse la recuperación. Para otros, como la banca española, sin este tipo de activos o con muy pocos, todavía queda toda la digestión del auge inmobiliario que nos hizo crecer tanto los años anteriores. No es necesario recurrir a Keynes para ver la escasa utilidad de la política monetaria en estas condiciones: por desgracia la tenemos a diario ante nuestros ojos.

El Partido Popular ha propuesto como solución la rebaja del impuesto de sociedades, lo que aliviaría la situación de las empresas, pero, aparte de que se acaba de rebajar recientemente, esto agravaría la situación de déficit -cercano al 6 por ciento a finales de año- y nos situaría en peor posición para actuar contra el desempleo, salvo que se subiera el IVA. Esta posibilidad no sólo no sería una solución, sino que agravaría los problemas de demanda que es el problema principal de las empresas. Nuestra vecina Francia tiene un IVA y un impuesto de sociedades mayores pero no tiene los problemas de empleo que nos afectan a nosotros.

No obstante, partimos de una situación más positiva de las finanzas públicas. En 2007, alcanzamos un superávit del 2,2 por ciento y un endeudamiento del 36 por ciento del PIB que es una situación mejor que la inmensa mayoría de los países europeos, lo que deja un margen de actuación al Gobierno de España para desarrollar la política social que, de esta manera, además de ser una prioridad para el Ejecutivo socialista con el objetivo de que los ciudadanos capeen la crisis, también contribuye a sostener la demanda, y para las políticas de gasto público que son las que funcionan en estas condiciones para la creación de empleo y la reactivación económica.

En este sentido, además de las inversiones contenidas en el Presupuesto que sigue teniendo un marcado carácter inversor, el Gobierno ha dotado a los ayuntamientos de un fondo extraordinario de inversión de 8.000 millones de euros de "urgente ejecución" que, junto con otras ayudas, alcanza los 11.000 millones. El reparto de esta cantidad es igual para todos porque se distribuye a razón de 177 euros por habitante. Una medida que, sin duda, contribuirá a sostener el empleo.

Sin embargo, con más tiempo por delante, el Gobierno debería acometer un plan más perfilado que incida en las zonas más afectadas por el desempleo como consecuencia de su dependencia de la construcción, y que tenga objetivos más concretos en la mejora de la productividad y el ahorro energético. Esto será necesario mientras se gestione la crisis -nadie se atreve a poner más que buenas intenciones sobre su fin, pero no fechas- y nos permitirá salir fortalecidos de esta situación. Pensemos, por ejemplo, los efectos positivos que tendría para el empleo una revisión generalizada de la eficiencia energética de las viviendas y su rehabilitación.

A quienes critican el problema del gasto, que el Ministro de Economía ha recordado que nos puede llevar este año a un déficit en el torno del 6 por ciento, habrá que recordarles que la última crisis de 1993-94, siendo mucho más localizada que la actual, nos llevó casi al 24 por ciento de desempleo y eso no se lo debe permitir el país mientras haya margen de actuación. Nuestro déficit estará en torno al 6 por ciento, pero el del Reino Unido -cuya oposición apoya la política del Gobierno- que no está en la unión monetaria, estará este año en torno al 9 por ciento. No digo que sea una política recomendable, pero tampoco parece que lo sea dejar crecer el desempleo.

Joan Lerma es ex presidente de la Generalitat Valenciana.

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