Los vocales jueces del Poder Judicial se conjuran para salvar a Tirado
Progresistas y conservadores rechazan la sanción muy grave que acarrea suspensión
El Consejo General del Poder Judicial, que se reúne el próximo miércoles para resolver si suspende de sus funciones o mantiene la multa de 1.500 euros al juez Rafael Tirado por no ejecutar una condena de cárcel contra el pederasta Santiago del Valle, supuesto asesino de la niña Mari Luz, se ha dividido entre vocales de extracción judicial (15 de 20) y el resto.
Fuentes del Consejo aseguran que tres vocales jueces pertenecientes a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (a la que está adscrito Tirado) y dos de la progresista Jueces para la Democracia han coincidido en diversas reuniones en su intención y la de sus compañeros jueces en el Consejo de votar contra un agravamiento de la sanción impuesta en su día a Tirado (1.500 euros por falta grave). De los 15 vocales jueces, catorce pertenecen a estas dos asociaciones y otro a la Asociación Francisco de Vitoria.
Los fiscales y abogados del Consejo apoyan la suspensión del juez
El ponente baraja dos propuestas distintas para que vote el pleno
La multa de 1.500 euros a Tirado desencadenó en su día un escándalo social y provocó el recurso de la Fiscalía, que pidió tres años de suspensión de funciones para el juez Tirado.
Tanto el Gobierno socialista como dirigentes del PP se manifestaron decepcionados por la decisión del Consejo General del Poder Judicial, entonces dominado por una mayoría conservadora. De hecho, en la comisión disciplinaria que resolvió el expediente, los dos jueces progresistas votaron a favor de una falta muy grave (con suspensión de funciones) y los dos conservadores apoyaron una sanción grave (1.500 euros de multa). El vocal independiente de esa comisión desempató a favor de los conservadores y de una leve sanción a Tirado.
Con el relevo del Consejo, los conservadores dejaron de tener mayoría pero la decisión parece que no se va a modificar. Sólo los vocales que no pertenecen a la carrera judicial (hay dos fiscales y tres abogados) estarían dispuestos a apoyar una sanción muy grave al juez Tirado, que acarrearía una suspensión de sus funciones que podría llegar, si el castigo fuera superior a seis meses, al traslado de juzgado. Las deliberaciones continúan en el seno del Consejo a sólo cinco días de que se reúna el pleno para tomar la decisión. El juez ponente, según fuentes del Poder Judicial, estaría barajando elevar al pleno dos propuestas distintas para que fueran sometidas a votación. La primera, que parecen apoyar los vocales jueces, mayoritarios en el Consejo del Poder Judicial, consistiría en desestimar el recurso de la Fiscalía y mantener la sanción grave con 1.500 euros de multa.
La segunda, que apoyarían los vocales que no son jueces, consistiría en una sanción muy grave con suspensión de uno a seis meses, que no implicaría el traslado del juzgado de Rafael Tirado.
En la tramitación de la causa contra el pederasta Santiago del Valle se produjeron hasta cuatro errores en la administración de Justicia. Por un lado, la Audiencia Provincial de Sevilla tardó 31 meses en notificar el rechazo al recurso de apelación presentado por la defensa de Del Valle contra la sentencia de dos años y nueve meses de cárcel por abusos sexuales continuados y falsedad.
Cuando el juzgado de Tirado recibe la sentencia y tiene que ejecutarla en enero de 2006, se pasa dos años sin hacerlo, hasta que la niña Mari Luz aparece muerta en Huelva (marzo de 2008). Veinte días después de esos hechos, el juez Tirado dicta orden de busca y captura al darse cuenta del error. La secretaria del juzgado de Tirado fue suspendida dos años en sus funciones por el Ministerio de Justicia, de quien depende.
