Los jueces prevén un colapso mayor por el recorte de personal
Un centenar de funcionarios de refuerzo cesarán en enero
Cada uno de los cuatro juzgados de ejecutorias que hay en Barcelona tramita en la actualidad una media de 7.000 asuntos. Son penas muy diversas cuyo cumplimiento se arrastra desde hace años y nadie puede asegurar que entre ellas no haya un nuevo caso Mari Luz. Es decir, que una persona que está pendiente de entrar en la cárcel delinca mientras tanto con mayor gravedad.
A partir del 1 de enero, el retraso en la ejecución de esas sentencias será todavía mayor, porque el Departamento de Justicia de la Generalitat ha anunciado que no renovará a un centenar de funcionarios de refuerzo. Entre ellos se incluyen dos de los cinco funcionarios de tramitación que hay en cada juzgado de ejecutorias. Eso significará que los casi 600 expedientes que tramitaban esos funcionarios los deberán asumir sus compañeros. "En mi juzgado hay 100 asuntos que llevo un año sin tocar, porque no doy para más. Así no se puede trabajar y dan ganas de pedir el traslado", explica José Antonio Rodríguez, el titular del Juzgado Penal 21, especializado en ejecutorias.
Los cuatro jueces afectados expresaron ayer su desazón al decano, José Manuel Regadera, porque Justicia ha recortado el personal sin consultar a nadie y los jueces se han enterado por los funcionarios. "No es razonable que habiendo tantos asuntos pendientes se recorte el personal", señaló el decano.
La Junta de Personal de Barcelona, en la que están representados todos los sindicatos, se sumó ayer a las críticas al porqué el recorte supone "un grave riesgo de mayor colapso" en el funcionamiento de los juzgados y tribunales y que eso repercutirá "en una merma de un servicio público adecuado a las necesidades de los ciudadanos".
Una portavoz de Justicia justificó ayer la supresión. "El personal de refuerzo se coloca porque existe una punta de trabajo y se quita cuando desaparece. Si los jueces los quieren mantener tendrán que justificar por qué los piden", explicó. Y recordó el acuerdo de julio del Gobierno catalán de reducir personal.
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