Unos vuelos de bajo coste

"Lo que era moralmente inaceptable en materia de sexo se ha convertido en físicamente inalcanzable", concluían Les Luthiers -unos maduros con clase- una de sus más memorables actuaciones. Retorciendo la frase de los humoristas argentinos, prácticamente inalcanzable se encuentra para el Derecho Penal el ex presidente Aznar por la autorización otorgada a su amigo George Bush para que sobrevolaran o hicieran escala en España vuelos militares que trasladaban prisioneros talibanes o de Al Qaeda a Guantánamo, aunque su actuación sea moralmente inaceptable, sobre todo tras conocer que la base americana se convirtió en un limbo jurídico, un centro de detención ilegal y torturas para prisioneros de guerra a los que se privó de todos los derechos que les otorga la Convención de Ginebra.

Fuentes jurídicas consideran "remota" la implicación penal de Aznar

El ex ministro de Exteriores Josep Piqué, que presumiblemente participó en la decisión de permitir escalas en las bases de Morón y Rota de los vuelos a Guantánamo, dijo la semana pasada, acosado por estudiantes de la Universidad Complutense, que no tiene "ningún problema moral" por las decisiones que adoptó, porque en 2002 nadie era tan clarividente como para saber en qué iba a convertirse Guantánamo después. Es cierto que si invitas a un amigo a cenar no le inspeccionas los bolsillos, y que si le prestas el coche no le pides la fotocopia del carné de conducir, aunque se espera del amigo que se comporte como es debido, que respete las normas de tráfico y que si no lo hace se haga cargo de las multas.

Y aunque Piqué diga ahora que no podía saber qué iba a pasar en Guantánamo, sí podía sospechar que la operación no era limpia, como han puesto de manifiesto los documentos revelados por EL PAÍS. De entrada, se buscó el aeródromo "más discreto", y el vicealmirante Manuel Calvo, presidente del Comité Permanente Hispano-Norteamericano, en una nota informativa del 11 de enero de 2002, advertía de que habría que "sopesar las consecuencias legales", por si algún trasladado fuera europeo. Además, el director general de Política Exterior para América del Norte, Miguel Aguirre de Cárcer -autor del primer informe "muy secreto" dirigido al ministro Piqué sobre la autorización de los vuelos y que está citado a declarar en la Audiencia Nacional- tendrá que explicar, si todo era tan claro y legal, por qué en un mensaje dirigido al secretario general de Política de Defensa, Javier Jiménez-Ugarte, proponía una "línea de información pública" para enmascarar la realidad en el caso de que los periodistas descubrieran el pastel. La propuesta consistía en asegurar que no estaban previstas escalas en esos vuelos pero que se autorizarían en caso de emergencia, como si la autorización de esas escalas no fuera una decisión política y se pudiera prohibir un aterrizaje de emergencia.

El caso es que el mismo 11 de enero de 2002 se produjo el primer traslado de prisioneros desde Kandahar (Afganistán) hasta Guantánamo. Iban 23 detenidos, entre los que se encontraba el británico Feroz Ali Abbasi, que permaneció tres años en la base americana en condiciones inhumanas y que finalmente fue liberado sin cargos ni juicio.

El Parlamento europeo ha condenado las vulneraciones de los derechos humanos por parte de los norteamericanos y la colaboración de los Gobiernos europeos, pero el Derecho Internacional no dispone de mecanismos coercitivos suficientes para obligar a los Estados a cumplir las normas. Ni la ONU ni la Unión Europea han conseguido parar a Bush. Únicamente la llamada movilización de la vergüenza, la presión moral que supone la mala publicidad de una condena pública internacional, está consiguiendo, aunque muy lentamente, que los estadounidenses cierren Guantánamo.

Mientras tanto, el proceso penal en la Audiencia continúa adelante y parece tener un largo recorrido, aunque fuentes del órgano judicial consideran "remota" una eventual implicación de Aznar.

Sin embargo, ahora que los poco clarividentes Piqué, Aznar y el ex ministro de Defensa Federico Trillo ya saben qué pasó -y que es moralmente inaceptable- deberían pedir perdón. Perdón por haber colaborado en una atrocidad, a sabiendas o no.

No creo que lo vayan a hacer. No está en la naturaleza del español pedir perdón, como no lo ha hecho la Iglesia española por mirar hacia otro lado durante los crímenes del franquismo, pero para variar, estaría bien.

Además, el caso no sólo alcanza al Ejecutivo de Aznar. Como bien recuerda Piqué, el mayor número de vuelos pasó por España con el primer Gobierno socialista, que ha dicho que en ningún momento se cometió ninguna irregularidad. Seguro que los norteamericanos se fiaban menos de Zapatero que de Aznar, porque les había dejado tirados en la guerra de Irak, por lo que si hubo transportes ilegales es muy probable que los ocultasen. No obstante, el Gobierno y el Parlamento, aprovechando que se cumplen 60 años de la Declaración de los Derechos Humanos, deberían condenar las violaciones cometidas en esos vuelos y en Guantánamo, y adoptar las medidas de control para evitarlas en el futuro.

Lo dicho, pedir perdón es un coste escaso para tanto perjuicio.