El 'caso Parques de Málaga' se cierra con absolución siete años después

Siete años y tres meses después de la primera denuncia, la Sección Octava de la Audiencia Provincial ha absuelto a dos funcionarios del área de Parques y Jardines de Málaga y a dos representantes de las empresas Sando y Urbaser, concesionarias del servicio de mantenimiento de zonas verdes, del delito de fraude del que se les acusaba.

En agosto de 2001, el grupo de IU en el Ayuntamiento de Málaga denunció que los funcionarios se habían concertado con las empresas Sando y Urbaser para "obtener beneficios económicos realizando certificaciones no ajustadas a la verdad de los trabajos realmente realizados". Las irregularidades habían sido destapadas tres meses antes por el grupo municipal del PSOE, y el Ayuntamiento, gobernado por el PP, decidió personarse como acusación particular.

La denuncia prosperó y, en julio de 2003, un juzgado de instrucción acusó a los dos funcionarios y a dos representantes de las empresas de un fraude de 413.125 euros al erario público. Tras una vista oral de tres días a principios de noviembre en la que los acusados apenas se vieron en apuros, el tribunal considera que "no ha quedado acreditado (...) que los acusados hayan cometido los delitos" de malversación de caudales públicos, fraude, libramiento de certificación falsa y falsedad de certificaciones de los que les acusaba la Fiscalía.

Más responsabilidad

Además, la Sala se une a las apreciaciones de la defensa de los funcionarios y considera "sorprendente" que estos "fueran destinados a cargos de más importancia" mientras el Ayuntamiento ejercía la acusación particular contra ellos. El mismo argumento de "sorpresa" utiliza el tribunal respecto al hecho de que el municipio siga "contratando con Sando".

Según la Fiscalía, se expidieron certificaciones de jardines tipo B -de mantenimiento más difícil y, por tanto, más caro- cuando se trataba de jardines tipo A (más sencillos y baratos); y se certificaron doblemente algunos trabajos de poda, mantenimiento general y tratamiento fitosanitario. Tras constatar la "indefinición" y "falta de rigor" en la determinación de las zonas verdes y la "falta de medios técnicos y humanos" del área de Parques y Jardines para controlar las mediciones, la Sala considera "desolador" y "frustrante" el resultado probatorio del juicio, por lo que "se impone sin más el dictado de una sentencia absolutoria".