Obligaciones políticas

Han pasado 30 años desde que entró en vigor la Constitución. Se supone que en estos 30 años debería haberse hecho real el principio de neutralidad religiosa y haberse consolidado un Estado aconfesional, tal como expresamente se declara en el artículo 16 de la Constitución. No es así. Transcurridos estos años la Iglesia oficial es cada vez más belicista y grosera con el Estado de Derecho. No acepta declaraciones ni principios constitucionales. Es más, aprovecha cualquier coyuntura para hablar con un lenguaje que dirige para enfrentarnos a unos con otros o, bien, a para hacerse víctima en un intento de lograr que los más tontos o los más malvados crean, como un acto más de fe, que los gobiernos de izquierdas se emplean en perseguir creyentes que sean católicos.

No pienso en la sentencia de un juez de Valladolid por la que se declara que los crucifijos deben ser retirados de un colegio público, y tras la que algunos miembros de la Conferencia Episcopal hablan de cristofobia, guerra de los crucifijos o como ha dicho el arzobispo Cañizares que por decir algunas de estas frases lo van a "crucificar".

No sé si las declaraciones de este obispo son muestra de un acto de soberbia comparándose con Jesús, como si fuera lo mismo hablar desde el púlpito de su catedral y bien pagado con el dinero de todos, o un intento malsano de reflejar persecuciones que no existen aunque eso sí unas afirmaciones que realiza con la tranquilidad que le da el saber que desde la Constitución no se crucifica ni se da garrote a nadie, lo que no ocurría con aquel caudillo que lo era por la gracia de dios y que sus mismos hábitos le llevaban bajo palio a su mayor gloria.

Además, no me interesa porque las sandeces, aunque se digan con agua bendita, nunca me han interesado. De todas formas que algunos miembros de la conferencia episcopal hagan gala de fanatismo religioso o jueguen virtualmente a ser perseguidos es lo menos que espero de una Iglesia española anclada en el pasado más oscuro, enemiga de la ciencia, de sus avances, y de la salud de sus almas, no es lo que más preocupa.

Esta Iglesia oficial que vive a todo lujo con el dinero de creyentes y menos, que nos atiza con los dogmas de fe por doquier y que se emplea en incitar a unos contra otros, separando, como el trigo de la paja, los cristófobos de los que no lo son, no es de este mundo ni de este Estado social, democrático y de derecho. Una iglesia que, a diferencia de sus comportamientos en otros Estados, no quiere avanzar socialmente sino conservar los privilegios y las cuotas de poder que mantenía durante la dictadura del nacionalismo católico español, no debe preocupar a una sociedad democrática y avanzada socialmente por mucho que se empeñe con o sin anatemas. No es lo que preocupa.

Lo que preocupa es que tanto la ministra de Educación como la consejera andaluza se laven las manos en el respeto a la legalidad constitucional en los colegios públicos. Que se manifiesten para declarar que son los padres y los consejos escolares quienes tienen el derecho a solicitar la retirada de símbolos religiosos es tanto como dejar en manos de particulares la responsabilidad de los poderes públicos de hacer verdad la declaración constitucional de aconfesionalidad y neutralidad religiosa del Estado.

El derecho de padres y consejos escolares no enerva ni sustituye ni puede hacerlo esta obligación de los poderes públicos. Una neutralidad que no se respeta si desde los centros de enseñanza pública se realza una determinada religión pues la colocación de sus símbolos en lugares preferentes la hacen de mejor valor a los ojos de los niños e influyen en su educación. En fin no estaría nada mal para la salud democrática que la Iglesia católica mas añeja entendiera que no está sola en España; que la religión no empieza Cañizares y termina en Rouco Valera. Tampoco estaría nada mal que los gobiernos nacional y autonómico hicieran algo tan sencillo como cumplir con sus obligaciones públicas y ayuden a que en España sean reales los principios de aconfesionalidad y neutralidad religiosas.