Los jueces de Valencia bajarán su ritmo de trabajo para denunciar la falta de medios

Los jueces de Valencia trabajan por encima de la ratio que fija el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La mayoría lo hace al doble de esa medida que el CGPJ considera óptima. Ayer, los jueces de Valencia, reunidos en junta sectorial, decidieron, tal como recoge el acta de la reunión, que "en tanto no se defina la oficina judicial y se determinen las concretas responsabilidades del Juez y las del Secretario Judicial, los Jueces de Valencia acuerdan la adopción de medidas tendentes a limitar los señalamientos y actuaciones ajustándolas a la ratio o módulo de entrada fijado por el CGPJ, con el único fin de estudiar los asuntos, en todas sus incidencias, con la debida serenidad y atención". En las sucesivas reuniones sectoriales se perfilará más la decisión. Esa decisión la avalan los datos del CGPJ, que sitúan la Comunidad Valenciana como la tercera con menos jueces, y con una carga de trabajo que duplica la estimada como óptima. En 2007, cada juez soportó de media más de 2.500 asuntos.

Los jueces celebraron ayer juntas en toda la Comunidad Valenciana. La incidencia de estas reuniones para el justiciable fue inapreciable. Primero porque los propios jueces organizaron sus oficinas judiciales para que así fuera y segundo porque los secretarios judiciales permanecieron en los juzgados después de que el Ministerio de Justicia prohibiera la celebración de sus juntas al entender que no quedaba garantizada la prestación del servicio público.

Lo que sí hicieron ayer fue confirmar el envite a la administración. A pesar de la crisis, se proponen exigir inmediatas concreciones al Plan de Modernización propuesto por el CGPJ. Y aseguran que denunciarán ante la opinión pública la ralentización de esas medidas que consideran urgentes, especialmente inaplazables aquellas que no tienen que ir acompañadas de memoria económica y que tienen más que ver con los procedimientos. Los jueces de Valencia pidieron además ayer 38 juzgados nuevos urgentes.Los jueces mantienen el pulso. El anuncio del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de poner en marcha un Plan de Modernización no ha consolado a nadie. Así se desprende de las reuniones celebradas ayer. En la de Valencia, con 62 magistrados presentes y 31 representados, de los 101 que la componen, así como en la de Vila-real, los jueces se mantuvieron en su propósito de alcanzar compromisos concretos con fecha de ejecución. Según recoge el acta de la reunión de ayer en Valencia, los jueces mantienen su firme voluntad de continuar atentos a que los poderes públicos 'tengan la debida respuesta, y denuncia las injerencias políticas que desde dicha fecha [21 de octubre, día del paro de jueces y secretarios] se siguen produciendo, así como las tardías y ambiguas declaraciones de algunos miembros del Consejo General del Poder Judicial, lo que pondría de manifiesto lo oportuno y acertado de los acuerdos y comunicados suscritos en su día por todas las Juntas de Jueces de España'. La Junta de Jueces de Vila-real solicitó la creación 'urgente' de un nuevo juzgado de primera instancia e instrucción para este partido judicial, fundamentado en el 'gran volumen' de asuntos entrantes, tanto en el orden civil como penal. Así, señaló que el promedio de asuntos civiles entrantes es de unos 900 cuando el módulo máximo de entrada fijado por el CGPJ es de 380 asuntos anuales. Respecto a los asuntos penales, consta un promedio de 2.500 diligencias previas, lo que supone que a final del año superará el volumen de entrada penal, ya que el módulo máximo de entrada fijado por el CGPJ es de 2.500. A ello, según los jueces, hay que añadir que la carga de trabajo se incrementa con el gran volumen de exhortos entrantes, sobre todo penales. No se descarta, como acordó ayer Murcia, la huelga para febrero.