Ingresan en prisión tres ediles marbellíes por delito urbanístico

El pacto entre los ex concejales marbellíes del extinto Grupo Independiente Liberal (GIL) y la Fiscalía por el que los ex ediles entrarán en prisión a cambio de una reducción en la pena por las decenas de causas de prevaricación urbanística en la que se encuentran inmersos ha comenzado a dar sus frutos. El pasado miércoles por la tarde ingresaron en la prisión de Alhaurín de la Torre los ex ediles Tomás Reñones, Alberto García Muñoz y José Luis Troyano. Todos ellos fueron condenados en firme por votar a favor de la concesión de una licencia para construir 250 viviendas en suelo no urbanizable a la empresa Albagamar II SL entre 1998 y 1999, según informó ayer el diario Sur.

En la misma causa también fueron condenados Dolores Zurdo y Francisco Javier Lendínez, que deberán entrar en prisión próximamente ya que también se conformaron con la pena de nueve meses de prisión reclamada por la Fiscalía. También se conformó con la misma pena José Luis Fernández Garrosa. Este edil lleva varios días en prisión por no haber hecho frente a la multa sustitutoria que le impuso en otra causa urbanística el juzgado de lo Penal 6 de Málaga.

Otros dos concejales deberán entrar en la cárcel próximamente

En el caso Albagamar fueron sentenciados a un año de prisión el ex alcalde marbellí Julián Muñoz -que hoy será entrevistado por una televisión privada después de lograr el tercer grado penitenciario- y los ex ediles gilistas Rafael González, Marisa Alcalá y Manuel Calle. Los dos primeros se encuentran, al igual que Muñoz, en tercer grado y el tercero, en libertad provisional.

Los concejales que se han acogido de momento al pacto con la Fiscalía son los que componían la corporación 1999-2003. Tanto Reñones, con 50 causas urbanísticas a sus espaldas, como García Muñoz, eran de los ediles más reacios a sumarse al acuerdo con el ministerio público cuando se comenzó a negociar en enero de este año. El fiscal de Medio Ambiente de Málaga, Juan Calvo Rubio, exigía que los ediles imputados en decenas de casos de prevaricación urbanística, un delito penado con un máximo de dos años de prisión, pasen al menos un año y medio íntegro en la cárcel. Para ello, la Fiscalía se compromete solicitar una pena máxima de un año de prisión y a tratar como conexas todas las causas abiertas por concesión de licencias ilegales, lo que supone que los ediles cumplirán el triple de la pena más alta que se les imponga, con lo que en el peor de los casos pasarán tres años privados de libertad. A cambio, los acusados se conformarán con las penas que vaya pidiendo el fiscal. Así se logrará agilizar la tramitación de las causas y evitar que los imputados se pasen varios años yendo de la cárcel a los juzgados.