El fiscal insiste en que Alperi cometió un delito societario en Mercalicante

La Fiscalía Anticorrupción mantiene que el ex alcalde de Alicante y diputado autonómico, Luis Díaz Alperi, del PP, cometió un supuesto delito societario y no descarta otros como el de malversación de caudales públicos como presidente de la comisión ejecutiva de Mercalicante. El informe del fiscal, en el que solicita al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana que acepte la competencia de la causa, data del 15 de noviembre de 2007 pero fue trasladado el lunes a las partes implicadas en el caso Mercalicante, en el que se investiga un supuesto desfalco de seis millones de euros descubierto en la contabilidad de la empresa pública. El sumario del caso se abrió en septiembre de 2002 y, tras seis años, el diez de noviembre la titular del juzgado de instrucción número 1 de Alicante, Cristina Costa, firmó dos autos. La magistrada, por un lado, rechaza la petición de la defensa de archivar la denuncia contra Alperi y los otros dos políticos imputados -el edil de Hacienda, Juan Zaragoza, y el ex concejal José María Rodríguez Galant-, al considerar que hay indicio de delito en la gestión de la empresa pública. Por ello, en el segundo auto, eleva la causa al TSJ, que tendrá que pronunciarse sobre su competencia en la misma. La juez consulta al TSJ porque Alperi es aforado por su condición de diputado desde mayo de 2007.

Anticorrupción considera que Alperi configuró una comisión ejecutiva en Mercalicante relegando al consejo de administración "como un instrumento a medida".

En su informe, el titular de Anticorrupción, Felipe Briones, considera que la comisión ejecutiva acabó convirtiéndose en una "administración paralela" en Mercalicante que realizó una "actuación opaca frente al consejo", que no plasmaba los acuerdos en las actas correspondientes, y que se convirtió "en instrumento que generó gran parte de las irregularidades investigadas y propició un ambiente de descontrol que permitió, además, las conductas presuntamente delictivas achacables únicamente al director gerente".

El documento del fiscal asegura que el gerente, José Emilio Clavero, era "mero ejecutor" de acuerdos de la comisión. El ente, además, adjudicó contratos de obras sin informar oficialmente al consejo de administración y sin ser sometidos a licitación pública, autorizó el pago de aumentos "desorbitados" de presupuestos inicialmente fijados en la propia comisión con los contratistas, desobedeció decisiones del consejo y llegó a realizar inversiones bursátiles en Bolsa "con consecuencias dañosas" para la empresa con un préstamo solicitado. El supuesto desfalco se hizo público en julio de 2002, cuando una auditoría reveló irregularidades contables en Mercalicante entre 1999 y 2001. El consejo de administración, presidido por el entonces alcalde Luis Díaz Alperi, destituyó al gerente de la mercantil, Clavero, como responsable de la quiebra. Dos meses después, Clavero fue arrestado a raíz de la denuncia de un vecino. Y tras una querella posterior presentada por el PSPV, la magistrada amplió la acusación a los representantes del comité ejecutivo, del que formaban parte Alperi, Zaragoza y Galant, entre otros.

Valoran el avance

Tras conocerse la decisión de la magistrada, la portavoz del equipo de gobierno de Alicante, del PP, Marta García Romeu, calificó de "buena noticia" que el proceso avance. Y el primer teniente de alcalde, Andrés Llorens, insistió en considerar que en el caso Mercalicante hay "solo un culpable" (en referencia a José Emilio Clavero).

Por su parte, el portavoz socialista, Roque Moreno, valoró que se reactive el caso tras seis años "dormido". Moreno, en cualquier caso, mostró su preocupación por el traslado al TSJ y mencionó como antecedente poco "halagüeño" el caso de los aparcamientos, "meses de trabajo de la Fiscalía de Alicante" que se solventaron en dos semanas en Valencia.