Seis barrios del norte de Alicante exigen más esfuezos e inversiones

En la zona norte de Alicante, seis barrios que acumulan el 12% de la población de la ciudad, algunas situaciones llegan a verse normales, aunque sea difícil hablar de normalidad. "Tenemos más camellos que en el desierto", comenta con sentido del humor Manuel Medina, presidente de la Asociación de Vecinos Juan XXIII. Pese a la afirmación, Medina considera que esta situación se reproduce "en todos sitios" y lamenta, básicamente, que las leyes no ayudan a resolver el problema. El pasado verano fue conflictivo en Juan XXIII ya que la presencia de "rumanos nómadas" que llegaron a las calles y que incluso sacaban los colchones por la noche provocó diversas concentraciones policiales. "Se han ido", resume. Medina, pese a todo, defiende que su barrio "ha mejorado bastante" y algunos problemas con la comunidad rumana más estable -que como vive masificada, tiene prácticamente su segunda casa en la calle y crea quejas de suciedad- se han solucionado con el diálogo.

"Tenemos más camellos que en el desierto", comenta un representante

Las detenciones en la zona han crecido un 43% entre enero y septiembre

Tráfico de drogas a pequeña escala, hurtos de poca monta, botellón en la calle o suciedad son algunos de los problemas con los que se enfrentan a diario vecinos y comerciantes de estas zonas, y que son difíciles de enderezar. Por ello, cualquier pequeño paso hacia adelante es importante. Representantes de las distinas asociaciones cívicas y empresariales de estos barrios se reunieron ayer con la subdelegada del Gobierno en Alicante, Encarna Llinares, preocupados por el relevo en el cargo del comisario de la zona norte, con el que habían logrado un "trato muy personal y familiar" y una colaboración que dio frutos en la zona. Tras la reunión y aunque admitieron que se están haciendo "esfuerzos" en la zona, los representantes pidieron más: en materia de seguridad, pero también en inversiones de todo tipo. Hay muchas cosas por hacer en la zona norte.

El portavoz de los vecinos, Andrés Cremades, expresó a Llinares su oposición con el cambio de comisario, lamentó que en los dos meses que han transcurrido desde el cambio no han tenido "interlocutor" a nivel de seguridad pública y reclamó que se retomen los planes que tenía en marcha el anterior comisario (entre ellos, la asistencia a la salida de los colegios). Y es que, como insiste, Pedro de Egea, presidente del Colectivo de Comerciantes por Alicante, y que regenta un establecimiento en la Plaza de Argel, en el barrio Virgen del Remedio, aunque no se habían conseguido controlar los problemas por completo "habíamos logrado que no fueran a más". Pese a ello, añade el comerciante, "en los últimos dos meses todo ha ido a más". De Egea subraya especialmente los problemas de integración que sufre esta zona, que ha vivido una fuerte transformación fruto de un aumento de la población inmigrante "del 60%" y que, pese a ello, "siempre ha sido deficitaria de inversiones".

De la reunión de ayer salió el compromiso de facilitar una aproximación entre los vecinos y el nuevo comisario para seguir trabajando en la mejora de estos barrios. Unos y otros crearán una comisión de trabajo para estudiar los problemas y tratar de encontrarles una solución. "La zona norte es una prioridad para el Gobierno", resumió Llinares. La subdelegada del Gobierno considera que se está trabajando "con eficacia en la zona" aunque dejó claro que el Gobierno no está "satisfecho".

Llinares desgranó tanto la evolución de la eficacia policial en la zona como las inversiones para estos barrios. Sobre el primer asunto, la representante del Gobierno en Alicante explicó que aunque los índices de infracciones son similares a los de otros barrios de la ciudad, las infracciones por incautación de droga y de armas se han disparado un 175% y un 223%, respectivamente, entre enero y septiembre. Llinares también aseguró que en los nueve primeros meses del año las detenciones han aumentado en un 43% sobre el mismo periodo del año anterior.

Y en materia de inversiones, la representante del Gobierno defendió que el programa Urban -proyectado por el Ayuntamiento de Alicante- cuenta con más de 10 millones de fondos europeos aprobados desde el Ejecutivo central. El Ayuntamiento de Alicante aportará cuatro millones y Llinares preguntó: "¿Qué va a poner la Generalitat?".