El PP recupera contra Pumpido la línea dura sobre terrorismo

A todo portavoz de Justicia del PP situado ante Cándido Conde-Pumpido, fiscal general del Estado, se le nubla la vista, se olvida del Pacto Antiterrorista, del Pacto de la Justicia y hasta de que ha cambiado la legislatura y el discurso de oposición de su partido.

"Usted no está alcanzado por el Pacto Antiterrorista, ni por el Pacto de la Justicia", advirtió ayer Federico Trillo (PP) a Conde-Pumpido, bestia negra del Partido Popular, en la Comisión de Justicia del Congreso. Así abrió la vía para lanzarle descalificaciones como "sectario", "que no dice una verdad ni durmiendo", "parcial", "arbitrario" y "oportunista", entre otras muchas. Se refería a actuaciones de la fiscalía como la de los procesos por la quema de fotos del Rey, las investigaciones en casos de corrupción contra miembros del PP y, sobre todo, los referidos a la lucha contra ETA. Tras el Pacto Antiterrorista, el PP ya no polemiza en público con el Gobierno sobre ETA, pero el hecho de que deje fuera del acuerdo a la fiscalía le permite lanzar acusaciones restrospectivas sobre el trato a Arnaldo Otegi y a Ignacio de Juana Chaos y sobre la supuesta pasividad con ANV y PCTV. "Puso en tregua el Estado de derecho", le dijo Trillo.

Rosa Díez (UPyD) fue mucho más allá y hasta le responsabilizó de "decisiones que ponen en peligro la seguridad de las personas en el País Vasco".

"No he venido aquí a contestar descalificaciones" y "usted refrita acusaciones antiguas de Astarloa" (anterior portavoz de Justicia e Interior del PP), les respondió Pumpido con estoicismo.

Y eso que empezó su comparecencia pidiendo que "no se utilice la fiscalía como arma arrojadiza en la lucha contra ETA". El fiscal general reclamó consenso para aprobar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la que él mismo y el programa del PSOE han defendido que se incluya la cesión al fiscal de la competencia de la instrucción penal. Pero se encontró con la oposición radical del PP. Incluso, Trillo reveló que en el Pacto de la Justicia, cerrado en julio por el presidente Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, se acordó rechazar expresamente esa reforma legal.