El Supremo anula el arresto a un militar y avala sus derechos de asociación y expresión

La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ha anulado el arresto impuesto al sargento primero del Ejército del Aire y vicepresidente de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), Francisco Martín. La sentencia, dictada por unanimidad, está llamada a influir en la futura ley de Derechos y Deberes de los militares, que se ha comprometido a aprobar en esta legislatura la ministra de Defensa, Carme Chacón, pues amplía los márgenes del derecho de asociación y la libertad de expresión de los miembros de las Fuerzas Armadas.

Francisco Martín fue castigado con un mes y 20 días de arresto como autor de una falta disciplinaria grave por haber remitido en 2005 una carta al presidente del Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial (COPAC), en la que le explicaba que los controladores aéreos militares estaban realizando funciones de control del tráfico aéreo civil en aeródromos militares, sin contar con la titulación y licencia que la ley de Seguridad Aérea exige para dicha función. Además, y más importante, los controladores militares no tenían plantilla suficiente ni cumplían los periodos de descanso obligatorios en el control del tráfico aéreo lo que, a su juicio, "constituyen factores de riesgo".

Martín, controlador militar destinado en la base de Talavera la Real (Badajoz), redactó la carta en su condición de presidente de la Sociedad para el Desarrollo del Control del Tránsito Aéreo (Sodecta), integrada básicamente por controladores militares.

El presidente del colegio de pilotos remitió la carta de Martín al entonces ministro de Defensa, José Bono, quien la trasladó a los mandos del Ejército del Aire, que le abrieron un expediente disciplinario por falta grave, al considerar que el suboficial había incumplido "las normas de obligada reserva sobre asuntos del servicio".

La sanción fue confirmada por el Tribunal Militar Central en febrero pasado, pero el Supremo la ha anulado en una sentencia dictada el 19 de septiembre, en la que alega que Francisco Martín no remitió la carta "en su condición de militar, sino como presidente de una asociación" y añade que, en la misma, "no se detallan ni los servicios ni ninguna otra circunstancia que pudiera afectar a la seguridad aérea o a la defensa nacional". Al contrario, planteaba problemas que ya habían sido expuestos por otros compañeros.

"El sargento sancionado", concluye el Supremo, "no reveló ningún dato o extremo que no fuera ya conocido, tratándose en suma de una mera reclamación laboral carente, por tanto, de relevancia disciplinaria".

Martín, que sigue en activo, ya cumplió el arresto, por lo que su abogado ha anunciado que presentará una demanda para reclamar una indemnización.