Los alcaldes socialistas boicotean la privatización del Canal de Isabel II

Los socialistas madrileños están dispuestos a oponerse frontalmente a la privatización del Canal de Isabel II, anunciada el martes por la presidenta regional, Esperanza Aguirre. El secretario general del PSM, Tomás Gómez, ordenó ayer a su equipo que estudie todas las posibilidades legales para evitar la venta de esa empresa pública. Ya ha encontrado una primera fórmula para boicotear la salida a Bolsa del 49% de las acciones que tendrá la compañía: cancelar los acuerdos de los ayuntamientos con el Canal.

"Vamos a denunciar los convenios con el Canal en los que se cedieron las competencias de distribución y depuración", afirmó el responsable de los socialistas madrileños. Los 34 municipios de la región gobernados por los socialistas suman más de un millón de habitantes y entre ellos figuran ciudades como Alcorcón, Aranjuez, Collado-Villalba, Coslada, Fuenlabrada, Getafe, Leganés y Parla.

La ministra afirma que deben juzgar los madrileños si es una buena fórmula

Los ayuntamientos son los responsables de la distribución y depuración del agua en su término municipal, según la Ley de Bases de Régimen Local y la Ley de Abastecimiento de Agua de la Comunidad de Madrid. Pero la mayoría de los 179 municipios madrileños -especialmente los grandes, salvo Alcalá de Henares y San Lorenzo de El Escorial, ambos gobernados por el PP- han firmado convenios de cesión de esas atribuciones al Canal de Isabel II para que éste gestione la red de suministro de agua potable y la de saneamiento y cobre también los recibos del agua. Los consistorios ceden su red propia al Canal sin contraprestación porque, a cambio, éste tiene la obligación de mantener las conducciones.

Uno de los últimos en suscribir el convenio con el Canal de Isabel II fue el Ayuntamiento de Madrid. En un acuerdo firmado en 2005 y ampliado dos años después, cedió la gestión de los servicios de saneamiento por un importe global de 920 millones de euros durante los próximos 31 años. El suministro ha corrido desde siempre a cargo del Canal, creado hace 150 años.

Estos convenios, de cesión, son acuerdos entre dos administraciones públicas y se modifican en el momento en el que entre capital privado en la empresa de aguas. Así lo cree Wilfredo Jurado, letrado municipal de Parla, el Ayuntamiento que dirige el líder de los socialistas, y a quien Gómez ha encargado que elabore un informe jurídico, que presentará mañana el secretario general a su Ejecutiva regional permanente.

La modificación de la personalidad jurídica de uno de los firmantes (el Canal, por pasar de empresa pública a mixta a tener el 49% privatizado) es el argumento con el que Jurado justifica que los ayuntamientos rompan los convenios. "Todos los ayuntamientos deberían revisarlos, porque las condiciones en las que se firmaron serán absolutamente distintas en el momento en que entre capital privado", afirma el letrado.

"Luego cada Ayuntamiento tiene la opción de decidir si les pone punto final", añade Wilfredo Jurado.

Otro de los argumentos para la ruptura de los acuerdos que ofrece Jurado es que los ayuntamientos sólo pueden contratar directamente con otras administraciones públicas. En cambio, están obligados a convocar un concurso para contratar con entidades privadas, en aras de la transparencia y la libre competencia, según la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

"Como el monopolio de la distribución lo tiene el Canal, muy probablemente sería el que pondría las condiciones del concurso", advierte Jurado. El Canal de Isabel II es titular de los embalses y de las redes de transporte de la región.

Pese a las fuertes críticas recibidas por su proyecto de privatizar la empresa pública de aguas -compañía que en 2007 obtuvo 76,7 millones de beneficios-, la presidenta Esperanza Aguirre defendió ayer en el debate del estado de la región su plan como una buena fórmula para afrontar las inversiones que debe hacer el Canal (4.000 millones en 10 años).

Antes, la portavoz de IU, Inés Sabanés, le había reprochado: "Usted, como solución a los problemas de los madrileños y a la crisis económica, les ofrece acciones del Canal". Cuando exigió a Aguirre que concrete cómo se va a fijar el accionariado de la futura sociedad anónima que gestionará el agua, ella dijo: "Lo mismo que en Barcelona, Valencia y Francia, donde el 80% de la gestión del agua es privada".

"La privatización de empresas públicas la inventó Felipe González", defendió también la presidenta regional, que citó los casos de Telefónica o Endesa, que pasaron totalmente a manos privadas durante los primeros Gobiernos socialistas. "Si no se hubiera privatizado, y luego culminado la cesión de Telefónica, no sería hoy una de las más importantes multinacionales, sino que sería una empresilla", argumentó Aguirre.

Pese a la frontal oposición de los socialistas madrileños al proyecto, mucho más tibia fue la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Elena Espinosa aseguró que son los madrileños los que deben juzgar si el Gobierno de Aguirre adopta la mejor decisión.

Durante el debate en la Asamblea, Sabanés auguró la movilización de los 2.200 empleados del Canal de Isabel II. Su comité de empresa se reunirá mañana para decidir movilizaciones.