Los partidos catalanes se enfrentan en el Congreso por la financiación autonómica

El Gobierno ha pasado unos días difíciles, pero ya respira. Aún no ha solucionado el conflicto de la financiación autonómica, pero, al menos, ha mejorado su posición porque asiste al enfrentamiento de todos los partidos entre sí, especialmente los catalanes. Ayer salvó en la Diputación Permanente la petición de comparecencia de José Luis Rodríguez Zapatero y pudo observar, sin disimular su satisfacción, el intercambio de reproches entre los portavoces. Sus oponentes en la negociación ya están divididos y más débiles. Y eso ya es un triunfo para La Moncloa. Lo que no pudo evitar es que todos lanzaran reproches al Ejecutivo. La comparecencia la salvó porque pactó con ICV la retirada de la petición a cambio de que vaya Pedro Solbes, el próximo jueves, y del compromiso de que habrá acuerdo en tres meses. El PP mantuvo su petición, pero sólo Coalición Canaria la apoyó y los demás la rechazaron por el único hecho de haber sido presentada por los populares.

Hace una semana todos los partidos catalanes estaban unidos y fortalecidos frente al Gobierno y ayer sólo coincidieron en la acusación de incumplimiento del Estatuto catalán. Por ejemplo, Joan Ridao (ERC) dijo estar "perplejo" con el acuerdo de ICV con el Gobierno, aseguró que es "una cortina de humo que oculta el vacío, pero no lo llena" y advirtió a Zapatero: "Si quiere hundirse se va a hundir con todos nosotros". ERC comparte grupo parlamentario con ICV y son socios en el Gobierno catalán.

El portavoz de CiU, Josep Sánchez Llibre, apuntó y disparó a todos: al Gobierno, al PP, a ERC, al PSC y a ICV. Al Ejecutivo le advirtió de que con el nuevo plazo de tres meses "marea la perdiz y presenta humo" para tapar el incumplimiento del Estatuto; al PP le recordó que en 1996 Rodrigo Rato y Cristóbal Montoro admitieron la bilateralidad cuando pactaron un sistema de financiación con Cataluña; a ERC y al PSC les reprochó la "debilidad del tripartito catalán ante los incumplimientos de Zapatero" y a ICV le imputó "un espectáculo lamentable y un tremendo ridículo político". Joan Herrera, de ICV, intentó justificarse asegurando que ha logrado un plazo máximo para el acuerdo y que Solbes explique las claves de su propuesta. El tercer miembro del tripartito, el PSC, por boca de Daniel Fernández, alabó al Gobierno y atacó a ERC por sus "urgencias partidistas". O sea, lo contrario de lo han hecho hasta ahora los socialistas en Cataluña.

Incluso, la sesión de la Diputación Permanente sirvió para que los partidos nacionalistas de distintas comunidades polemizaran entre sí. Así, los catalanes defendieron el cumplimiento del Estatuto. Francisco Jorquera (BNG) y Ana Oramas (CC) les replicaron que "el Estatuto sólo vale para Cataluña", les pidieron que se tengan en cuenta otros factores como la dispersión y el envejecimiento de la población o la insularidad y añadieron: "En la negociación no se decide lo que conviene a una comunidad sino a todas".

El PP, a lo suyo, se centró en el Gobierno de Zapatero. Soraya Sáenz de Santamaría, portavoz de los populares, cuestionó la palabra del presidente y le acusó de "esconderse detrás de las anchas espaldas de Solbes" para no quedar en evidencia delante de los 45 millones de españoles y que se han resignado a que el vicepresidente comparezca "para adormecernos".

No pudo salvar el PSOE la petición de comparecencia de la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, para hablar del nuevo modelo de gestión de AENA. Ante su soledad, el Gobierno optó por pedir su comparecencia "voluntaria" para el próximo jueves. Todos los grupos, salvo el PSOE, criticaron los planes del Gobierno. El PSOE tuvo apoyo para salvar las comparecencias relacionadas con el caso Taguas, es decir, las gestiones del ex director de la Oficina Económica de La Moncloa y ahora responsable del lobby de las constructoras.