Ajuste de cuentas

Después de 26 largos años de incumplimientos, el próximo 20 de septiembre los Gobiernos central y andaluz deben llegar a un acuerdo sobre a cuánto asciende la llamada deuda histórica del Estado con Andalucía. La fecha la pone el nuevo Estatuto de Autonomía, pero eso, como se ha visto en el caso de Cataluña, no es garantía de nada, ni presupone que vaya a ser así. Ese día se cumple el plazo para cuantificar los fondos excepcionales que la comunidad debió recibir del Estado para garantizar la prestación de los servicios transferidos en la década de los ochenta. Un acuerdo que debe producirse en la comisión mixta de Asuntos Económicos y Fiscales.

El Estatuto andaluz marca el 20 de setiembre para llegar a un acuerdo

El PSOE dice que la deuda no está sujeta "a otras coyunturas políticas"

Oficialmente, el Gobierno andaluz niega cualquier perturbación a la vista, según han dicho sus dos vicepresidentes. "Tenemos claro que el Estatuto marca la fecha del 20 de septiembre", dijo el miércoles pasado Gaspar Zarrías. "No contemplamos que haya problemas", afirmó José Antonio Griñán el pasado domingo. Pese a todo, es innegable que el plazo para el acuerdo vence no sólo en un mal momento económico, sino también político. El Estatuto catalán también mandataba a llegar a un acuerdo sobre la financiación de Cataluña el 9 de agosto y se ha incumplido pese a ser una ley orgánica. En el horizonte se encuentra la elaboración final de los Presupuestos Generales del Estado, sin que el Gobierno central tenga garantizada su aprobación, y la negociación del sistema de financiación autonómica, donde hay tirones desde norte, el este, el oeste y el sur, aunque Andalucía ha sido la única que ha aplaudido la propuesta del modelo presentadas por Solbes.

La tesis de los socialistas andaluces es que la deuda histórica no tiene nada que ver con el nuevo modelo de financiación y que su negociación es, como dice el Estatuto, bilateral. "Esto no tiene nada que ver con la financiación, aunque claro que es dinero, pero es una deuda del pasado, tan antigua que hasta se llama histórica", asegura el secretario de Comunicación del PSOE, Miguel Ángel Vázquez.

Pero la duda está ahí: ¿Va a anunciar el Gobierno de la nación un cheque de pago con Andalucía por equis millones de euros cuando todas las comunidades quieren saber cómo van a quedar sus cuentas? ¿Se va a producir un acuerdo en comisión mixta entre el Estado y la Junta de Andalucía cuando todas las autonomías esgrimen sus déficits estructurales en un momento de recortes presupuestarios? Si hay acuerdo, ¿cómo se vende en el resto de España? Griñán afirmó días atrás que no había habido incumplimiento del Estatuto catalán sino que no había habido acuerdo sobre la propuesta planteada por el Gobierno central. ¿Ocurrirá lo mismo con Andalucía? "Ése es el problema", reconocen fuentes de la negociación, "si con Cataluña no ha habido acuerdo, por qué con nosotros sí".

"Nuestra obligación y compromiso es que el Estatuto se cumpla. La posición del Gobierno andaluz y central están muy cerca", asegura Vázquez, quien sostiene que el pago de la deuda "no está sujeta a otras coyunturas políticas".

El mayor problema para la aprobación del Estatuto en el Congreso de los Diputados fue convencer al equipo económico de Pedro Solbes y a los socialistas de Ferraz no sólo de lo qué es la deuda histórica, sino también que había que poner un plazo para liquidarla. Después de lo que un relevante dirigente socialista describió entonces como una "lucha feroz", los socialistas andaluces, los llamados federales del PSOE y el Ministerio de Economía pactaron letra a letra y coma a coma todo lo relativo a la financiación de la comunidad. Eso sí, después de que el presidente de la Junta, Manuel Chaves, tuviera que desbloquear la situación entrevistándose con el ministro de Economía. El Estatuto establece 18 meses desde su entrada en vigor para cuantificar la llamada deuda histórica recogida en la Disposición Adicional Segunda (es decir, el 20 de septiembre) y tres años para pagarla, plazo que vence en marzo de 2010.

Hasta ahora, la Junta de Andalucía ha evitado hacer pública una cifra de cuantificación, pese a que la tiene cerrada desde antes de las elecciones autonómicas del 14 de marzo. El Gobierno central la conoce a través del vicepresidente económico, José Antonio Griñán, quien no quiso sacarla a la luz para evitar una subasta con los grupos de la oposición. La estimación del Ejecutivo autonómico oscila entre los 1.500 y los 2.000 millones de euros, según fuentes del Gobierno andaluz. Chaves se ha comprometido a reunirse con PP e IU antes del 20 de septiembre para llegar a un acuerdo, un objetivo que se antoja imposible por la disparidad de cantidades de unos y otros.

Hasta el momento, Andalucía ha recibido como anticipo a cuenta de la deuda, un total de 420 millones de euros. El primer pago, de 120 millones, lo aprobó el Gobierno socialista de Felipe González en plena campaña electoral en 1996, y lo pagó el primer Gobierno de José María Aznar (PP) en 1997. Diez años más tarde, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero y el de Manuel Chaves acordaron otro adelanto por 300 millones de euros, que el Banco de España ingresó el pasado 16 de abril.

En su sexto debate de investidura, Chaves aseguró que los servicios fundamentales afectados por la deuda histórica "deben ser" educación, sanidad, vivienda y servicios sociales y que la comparativa para establecer "la situación de déficit" es el nivel medio de prestación de estos servicios en el conjunto de España.