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Rechazo unánime de los partidos a la propuesta de financiación de Solbes

Quintana pide una relación bilateral con el Estado como la de Cataluña

La oferta de financiación del vicepresidente económico del Gobierno, Pedro Solbes, ha puesto de acuerdo a la Xunta y a los tres partidos políticos gallegos. Que coinciden en rechazarla y en valorar que perjudica a la comunidad en beneficio de los territorios más ricos. El bipartito con su presidente, Emilio Pérez Touriño, a la cabeza, el PP, el PSdeG y el Bloque desecharon ayer la primera propuesta de Economía por no contemplar parámetros que encarecen los servicios públicos en Galicia como el envejecimiento y la dispersión de la población.

El jefe del Ejecutivo admitió su preocupación porque la primera oferta de Solbes "vaga, inconcreta y ambigua no enfoque bien el análisis de las necesidades de gasto". Touriño confió no obstante en que el debate entre comunidades y Estado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera refleje las "necesidades de las autonomías" y no establezca como variante el crecimiento de población. En declaraciones a los medios, tras conmemorar el Día de Galicia en la Expo de Zaragoza, Touriño insistió en que el reparto de fondos "debe garantizar una igual prestación de servicios en todas las comunidades autónomas, la mejor sanidad, la mejor educación y las mejores políticas sociales". Touriño, que encabezó hace meses un frente junto a Asturias y Castilla y León, sumó ayer un nuevo aliado a sus tesis: el presidente de Aragón, también socialista, Marcelino Iglesias, con el que mantuvo una comida de trabajo.

El vicepresidente de la Xunta y portavoz nacional del BNG, Anxo Quintana, no sólo descalificó la propuesta del Gobierno central, sino que cuestionó el modelo de relación Xunta-Estado para reclamar un trato similar al que en su opinión ha recibido Cataluña. "O se resuelve con una negociación tú a tú o no se resuelve". El dirigente nacionalista aludió otra vez más a la necesidad de un nuevo marco competencial, como el Estatut "que ha permitido a la Generalitat establecer una relación bilateral con el Gobierno central". "Eso fue lo que permitió que se tuvieran en cuenta las peticiones de Cataluña, ¿por qué Galicia no puede lograr esa relación?", lamentó.

Quintana abogó por superar los complejos para salir "airosos de esta situación", pero aclaró que es al conselleiro de Economía, José Ramón Fernández Antonio, a quien compete fijar la posición de Galicia en el debate presupuestario. "Tiene mi apoyo y mi posición es la suya", remarcó Quintana, partidario de que todas las fuerzas políticas defiendan una misma postura.

Desde la Escuela de Verano que el PP celebra este fin de semana en Sanxenxo, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, culpó al presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, y a su "débil liderazgo" de la propuesta de Solbes. Al tiempo que desgranaba ese discurso, Feijóo ofreció al Gobierno gallego "la mano tendida" para rechazar esa "subfinanciación" y buscar un nuevo modelo que debe contemplar de manera "innegociable" los criterios de dispersión y envejecimiento de la población.

Esas variables a las que el vicepresidente económico aludió de manera inconcreta en su oferta y que deberán ser debatidas en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera el martes son las que encarecen servicios básicos como la Educación y la Sanidad en Galicia. La comunidad cuenta con 30.000 núcleos de población, la mitad de los que hay en toda España, y con una población mayor de 80 años que representa el 6,2% de su censo. Según los cálculos de la Xunta, el coste de la atención sanitaria se multiplica por cuatro en la población mayor. Según el Instituto Galego de Estadística, 172.000 personas superan en Galicia esta edad.

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En el lado contrario de la negociación, comunidades ricas como Cataluña, Madrid, Valencia o Baleares, que experimentaron un importante crecimiento demográfico desde 1999, año en el que se basó el actual modelo de financiación, reivindican que Economía valore el incremento de la población y la presencia de inmigrantes. De acuerdo con estos parámetros, Galicia saldría muy perjudicada, dado que en la última década su censó apenas creció un 1,9%, frente al 30% de Baleares, el 26% de Murcia, el 23% de Canarias o Valencia y el 21% de Madrid.

La negociación "larga y difícil" que Solbes aventuró el jueves deberá conjugar todos los intereses para garantizar el reequilibrio territorial y la solidaridad entre comunidades que preserva la Constitución, principal argumento de la Xunta en el debate.

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