Blasco critica la directiva europea sobre inmigración

"Ampliar el periodo en que unas personas tengan que estar sin asistencia judicial, con privación de libertad, no es muy defendible desde el punto de vista de la dignidad [de los inmigrantes]". Rafael Blasco, consejero de Inmigración y Ciudadanía, aprovechó su comparecencia tras el pleno del Consell en el que se aprobó el anteproyecto de ley autonómica que regula el compromiso de inmigración, para realizar algunas opiniones críticas a la directiva aprobada por aplastante mayoría en el Parlamento Europeo que permite mantener detenidos a los inmigrantes sin papeles durante 18 meses.

Blasco mostró su "preocupación" por "cualquier restricción de derechos o cualquier menoscabo de las libertades de las personas que estén en una u otra condición en Europa", añadiendo que "si un gobierno no tiene capacidad para poder solucionar las circunstancias de las personas que se encuentran en centros de internamiento en un periodo de 40 o 60 días, es que es bastante incapaz".

El Gobierno de España, a través del ministro del Interior, Alfredo Rubalcaba, ha insistido en que no va a trasladar a su normativa jurídica la directiva europea porque entiende que no es obligatoria para aquellos países que disponen de garantías legales para los inmigrantes. En el caso español el tiempo máximo de retención de extranjeros indocumentados es de 40 días.

El consejero criticó la política de Zapatero en materia de inmigración porque son "las comunidades autónomas y los ayuntamientos los que tenemos que cargar con la asistencia de servicios mínimos básicos a estas personas, que como todos los seres humanos deben tenerlos garantizados", pese a que las competencias exclusivas en políticas de inmigración las tenga el Gobierno central.El Parlamento Europeo aprobó por 369 votos a favor, 197 en contra y 106 abstenciones la directiva que, además de permitir que los inmigrantes sin papeles puedan estar detenidos durante 18 meses, autoriza a enviar a menores a países distintos de los de origen. A favor de la propuesta votaron 217 diputados del Partido Popular Europeo -al que pertenece el consejero Blasco-, 40 de Europa de las Naciones, 57 liberales y 34 socialistas, 16 de ellos españoles.

Blasco explicó que su discrepancia con el PP se producía a "título personal". "No comparto, añadió, todo lo que sea endurecer las condiciones de internamiento de esas personas". El consejero, sin embargo, puso el acento en lo que denomina "doble moral del Gobierno socialista" por haber pasado del "papeles para todos a endurecer su postura por una cuestión de puro oportunismo político".

El titular autonómico de Inmigración presentó el anteproyecto de ley como pionero en España y describió el compromiso de integración, incluido en la norma, como un trámite voluntario al que no están obligados los inmigrantes. "Con él, estas personas podrán seguir un programa de comprensión para conocer nuestros valores y reglas de convivencia democrática, la estructura política y el valenciano y el castellano", explicó Blasco. Los grandes destinatarios de este compromiso son, en opinión de Blasco, los inmigrantes no comunitarios, con mayor riesgo de exclusión o marginación y más desconocedores de las costumbres locales que el resto de inmigrantes que vienen de Europa "y que forman parte de la cultura de aquí".

El anteproyecto de ley pasará ahora por el Consejo Jurídico Consultivo y el Consejo Económico y Social antes de enviarse a las Cortes Valencianas. En su capítulo final prevé una serie de ayudas generales a la integración que, según Blasco, no estarán supeditadas a que el inmigrante haga el cursillo del compromiso por la integración. Más de 60 asociaciones de inmigrantes han respaldado, dice el Consell, este texto. Sin embargo, ayer el portavoz de la Red Sahel de apoyo a los inmigrantes en Valencia, Luis Poveda, insistió en que este anteproyecto "no aporta ninguna novedad".

El anteproyecto recoge una serie de medios para cumplir con sus fines como son la asistencia sanitaria, la escolarización, programas de formación y reciclaje de empleo, servicios de mediación para la vivienda y ayuda al inmigrante en el retorno a su país de origen "cuando ponga fin a su estancia entre nosotros". La Comunidad Valenciana contaba, según el padrón municipal de enero de 2007, con 732.102 personas extranjeras, un 16% de la población. Alicante es la provincia con más extranjeros.

El Consell aprobó también la cesión del Instituto Valenciano de Vivienda (Ivvsa) para destinar 200 viviendas en régimen de alquiler a mujeres en situación de riesgo por la violencia machista. 150 procederán del parque público de viviendas que posee la Generalitat, y las 50 restantes se reservarán en las nuevas promociones protegidas que ejecuta el instituto.

Rambla también anunció la firma de un convenio con el Villarreal C.F. SAD para patrocinar la imagen de la Comunidad Valenciana. La Generalitat entregará a cambio 600.000 euros al club. También patrocinará a la selección española de baloncesto, que se compromete a jugar un partido internacional de la selección masculina en Castellón como preparación de la cita olímpica de Pekín en 2008.

En el área de cultura, los teatros de El Micalet y Pluja se adhieren como espacios asociados a la red de Teatres de la Generalitat, mientras Danza SL, será compañía concertada. Teatres colaborará con estas compañías mediante la aportación de 558.000 euros. De esta cantidad, destinará 375.000 euros al Micalet; 84.000 euros a Teatre Pluja, y 99.000 euros a Danza SL.

Ante la celebración del campeonato de F 1, a finales de agosto, y la nueva edición de la Copa del América, el Consell cederá al Ayuntamiento de Valencia el uso de la Red de Comunicaciones Móviles Digitales de Emergencia y Seguridad (Comdes).