"Yo decido y tú pagas"

El sector conservador del Consejo del Poder Judicial -nacido bajo la última legislatura de Aznar y que, pese a las bajas, sigue teniendo mayoría de votos- está a la gresca con el Ministerio de Justicia, gobernado por el PSOE. El control de los refuerzos judiciales, el motivo. Si antes de la llegada al poder de los socialistas, en 2004, eran los vocales progresistas los que agitaba el déficit de la justicia, ahora sucede al revés: los conservadores airean los problemas, de los que culpan al ministerio que dirige Mariano Fernández Bermejo, y los progresistas, salvo excepciones, les restan importancia.

La actual refriega obedece a que Justicia desatiende una parte de las peticiones de refuerzos de juzgados que demanda el Consejo. Y en ello atisban un sesgo político. "La ley es clarísima: el Consejo decide qué juzgados se refuerzan y Justicia debe limitarse a sufragar el coste. Dicho de otro modo, nosotros decidimos y Justicia paga", sostienen estos vocales.

Desde el ministerio se alega que sólo en torno al 15% de las peticiones del Consejo sobre refuerzos han sido incumplidas. Y que ello obedece a que se piden refuerzos para juzgados que incumplen los requisitos pactados entre ambas instituciones. Ese pacto establece que el órgano para el que se pida un refuerzo sufra pendencia (atasco) y que su titular haya cumplido al 100% los objetivos, el módulo de trabajo. Fuentes del sector progresista del Consejo admiten que existe un pacto entre Justicia y el Consejo que estableció esos requisitos. Y no ven mal que, salvo excepciones, se supediten tales refuerzos al cumplimiento de esos criterios.

Los vocales conservadores discrepan. Dicen que la ley está por encima de cualquier pacto. Y esgrimen el artículo 216, bis, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que faculta en exclusiva al Consejo "para decidir dónde, cómo y cuándo hay que establecer un refuerzo". En los últimos cuatro años "han sido muchos" los refuerzos de juzgados que el ministerio ha rechazado amparándose en motivos presupuestarios. "En realidad", interpretan estos vocales, "lo que hay es un encubierto control de oportunidad política".

Las tensiones sobre quién decide los refuerzos han aflorado después de que el juez Eduardo López-Palop denunciara el descomunal colapso de los juzgados de ejecutorias de Madrid. El Consejo ha aprobado reforzar estos juzgados; y entre ellos, el de López-Palop, que aglutina unas 7.000 sentencias de violencia machista en trámite de ejecución.

Según fuentes del Consejo, el juzgado de López-Palop no cubre todos los requisitos de ese pacto y, sin embargo, necesita un apoyo. "Si no se hace, los perjudicados serían los usuarios", advierten. Y añaden: "¿Qué hacemos? ¿Dejamos el juzgado atascado porque no cumple todos los requisitos? Cuando pedimos un refuerzo no es por gusto; es porque realmente es necesario. Y si lo hacemos, la obligación legal de Justicia, y en su caso de las comunidades que tienen asumidas las competencias en esta materia, es dotar económicamente esas plazas".

Otras fuentes del Consejo son conscientes de que puede haber limitaciones presupuestarias, pero apuntan la receta: "Si no hay dinero, que nos digan de cuánto disponen y nosotros, como es nuestra obligación, fijaremos las prioridades".

El ministerio rechaza que haya un criterio oportunista en la concesión de refuerzos. Subraya que el nivel de cumplimiento de las peticiones del Consejo supera el 85%. Justicia ofrece sus datos: distingue entre "medidas de refuerzo orientadas a solventar situaciones especiales con carga de trabajo inusual", donde el nivel de cumplimiento de las peticiones del Consejo en los últimos cuatro años ronda el 85%, y las tendentes a poner al día un juzgado muy saturado. En este caso se refuerzan "el 100%". "Estas últimas son casi irrelevantes", oponen desde el Consejo.

Los vocales del Poder Judicial están en funciones desde noviembre de 2006. Llevan más de un año y medio en esa situación, a la espera de que PP y PSOE se pongan de acuerdo para su renovación. En estos últimos años han ido mermando en número hasta quedar nueve vocales afines al sector progresista y otros nueve al conservador, aunque estos últimos reúnen mayoría con el voto de calidad del presidente.