La peor crisis en la historia del tribunal

Con cuatro magistrados pendientes de ser sustituidos porque se les agotó el mandato hace cinco meses y otro recientemente fallecido, el Constitucional se encuentra varado en la crisis más profunda de su historia, cuando tiene pendiente la deliberación del Estatuto de Cataluña, el texto más controvertido de la pasada legislatura y del que dependen en buena medida las alianzas de la presente.

Un año y medio de presiones políticas ha erosionado el prestigio del tribunal

Todo queda como empezó: cinco jueces de cada lado y el voto de la presidenta

La pugna por la renovación de los cuatro magistrados que nombra el Senado en el Tribunal Constitucional, último episodio de la larga batalla por la que atraviesa la institución, ha tenido un giro insospechado: mientras los magistrados afines al PP dominaban la escena en el recurso contra el Estatuto de Cataluña, la renovación era algo episódico, a cumplimentar sólo cuando la mayoría conservadora hubiese eliminado los aspectos esenciales del Estatut. A partir del fallecimiento del magistrado Roberto García-Calvo el pasado domingo, las tornas han cambiado. Ahora es el PP el que exige la sustitución inmediata del magistrado fallecido, con el indisimulado propósito de mantener su mayoría ante el Estatuto catalán. Pero el mango de la sartén lo tiene el PSOE.

El fallecimiento de García-Calvo ha alterado el frágil equilibrio que imperaba en el Constitucional: seis magistrados conservadores frente a seis progresistas, con el teórico voto de calidad de la presidenta progresista, María Emilia Casas, en caso de empate. Un voto de calidad de enorme potencial en un tribunal absolutamente polarizado, pero tan teórico que Casas no lo ha ejercido nunca en un caso relevante.

Quizá esa pudorosa reticencia a utilizar esa prerrogativa en provecho de su sector es lo que llevó a María Emilia Casas, catedrática de Derecho del Trabajo, jurista de prestigio y conocedora del Alto Tribunal hasta sus últimos entresijos, a convertirse en el objetivo de una operación sin precedentes, urdida para descabalgarla de la presidencia. La presidenta en sí no era el enemigo a batir, pero si la presidencia cambiaba de manos y, con ella, su voto de calidad, podría quedar al alcance del sector conservador la legislatura de Zapatero al completo.

La batalla por la presidencia del Constitucional acabó con el aval a la prórroga de la presidenta, pero casi acaba con el Tribunal, sometido durante año y medio a fuertes presiones políticas y a un inusitado acoso mediático que han dejado graves secuelas en el prestigio de la institución.

La presidenta María Emilia Casas ha capeado la crisis con nervios de acero y ha conseguido apoyos coyunturales del vicepresidente Guillermo Jiménez o del magistrado Vicente Conde para superar la fractura del Tribunal y, al menos, salvar las leyes. Aunque sin amplias mayorías al final de su gestión, ha sacado adelante el Estatuto de Valencia, la ley de Violencia de Género, la reforma del Tribunal, la ley de Igualdad, las cuestiones planteadas contra las bodas homosexuales...

García-Calvo se puso al frente de la operación para tumbar la reforma de la ley orgánica y batalló duramente para conseguirlo. Pero nada hacía sospechar el repentino infarto que le ha costado la vida.

Pese a su dureza en los debates, Roberto García-Calvo no carecía de humor y era el más vitalista e inquieto de todos los magistrados. Aficionado a la caza mayor, había pasado el puente de mayo matando urogallos en los Balcanes. Todos sabían que andaba "de médicos", pero eso es algo frecuente en el Tribunal Constitucional, dada la edad de la plantilla.

Los doce jueces constitucionales siempre deliberan en torno a una amplia mesa en la que ahora ha quedado vacía "la silla de Roberto". Por encima de los fragores de los últimos tiempos, todos han sentido sinceramente la desaparición del compañero y todos han lamentado el tratamiento informativo de su muerte, contabilizada bajo el prisma especulativo de lo que supone para el Estatuto de Cataluña.

Tampoco los políticos se han quedado atrás. Federico Trillo, adalid de la operación contra Pérez Tremps, exigía la inmediata sustitución de García-Calvo por otro juez a designar por el PP, cuando aún no había sido inhumado el cadáver del magistrado. Después de tantas molestias para incendiar el Tribunal, la muerte de García-Calvo ha echado por tierra toda su estrategia y ha dejado la situación como al principio: un pleno de cinco magistrados de cada lado, con voto de calidad de la presidenta.

Tras la batalla queda en el paisaje el hueso del Estatuto de Cataluña, mientras magistrados y facultativos miran de reojo a los políticos que negocian la renovación.