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Columna
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Consejo Audiovisual

Todos los órganos de extracción parlamentaria tienen como una de sus características definitorias la independencia en su actuación pero resulta que todos los miembros son elegidos a propuesta de los grupos parlamentarios por el conjunto de la Cámara. A partir de ahí se produce el absurdo de que los periodistas señalamos la procedencia de su nominación como un elemento determinante de su intervención. Eso ha ocurrido con el Consejo Audiovisual de Andalucía, aunque podríamos decir lo mismo del Consejo Consultivo o del Consejo de Administración de la RTVA. A nadie causa asombro que se hayan elegido los miembros del consejo de la RTVA en función de cuotas de partidos y que a ninguno de sus miembros se les haya pedido capacitación profesional para el acceso al puesto, motivo por el cual está lleno de ex alcaldes, ex diputados o miembros de la dirección del partido de turno y van a tener bajo su responsabilidad la gestión de la televisión pública, en cuyo funcionamiento ha sido determinante el acuerdo entre los grupos políticos.

En cambio, el Consejo Audiovisual de Andalucía, desde el primer momento, suscitó un extraordinario interés público, más allá de las escasas competencias que la ley le asigna. En el proceso de selección de sus componentes, para los que sí se tuvo en cuenta su capacidad profesional, hubo una gran controversia que llevó a un retraso considerable en su elección. Se formó con una mayoría de buenos profesionales, muchos de ellos con años de vinculación a los medios de comunicación, la mayoría independientes de los partidos que los habían propuesto. Se eligió para presidir el órgano a un profesor de la Facultad de Comunicación proveniente del mundo de la literatura, Manuel Ángel Vázquez Medel, tras la renuncia del primer candidato, el estudioso de la comunicación Bernardo Díaz Nosty. Se constituyó un órgano cuya principal tarea consistió en dotarse de reglamento, medios materiales para su funcionamiento, sede y personal. Las competencias del consejo son la vigilancia sobre los contenidos del sector audiovisual por lo que sus resoluciones entran en el ámbito de los valores, salvo que lleve a cabo sus competencias sancionadoras. Algunos vieron la oportunidad de utilizar el Consejo Audiovisual como una herramienta en la campaña contra la RTVA: determinados medios por odio o por ver a la radio televisión pública como una competencia publicitaria, otros por animadversión hacia todo lo que tenga su origen en iniciativas del Gobierno andaluz. Se usó el argumento de la independencia, sacrosanto concepto nunca del todo determinado. ¿Quién es independiente? ¿Con respecto a qué? ¿Quién lo determina? Para algunos medios de comunicación y para el PP la independencia consiste en darle a todo lo que huela a socialista, de manera especial en este caso a Canal Sur. Y en esa dinámica entró el presidente, que pensó que su prestigio personal estaba por encima del órgano que presidía y de quienes le habían propuesto para el mismo. Así entró en esa dinámica de teórica independencia y decidió que la mejor manera era censurar la actuación de los periodistas de Canal Sur, lo que motivó que el Consejo se viera dividido por la mitad en función de los deseos de castigar a la RTVA. Se inició una espiral de enfrentamientos que ha terminado, por el momento, con la dimisión del propio Vázquez Medel. En Andalucía, según parece, los periodistas independientes son los que critican a la Junta, los profesionales independientes son antisocialistas y así sucesivamente.

Es necesario un regulador audiovisual formado por profesionales elegidos por periodos más largos que los de una legislatura y con mandato improrrogable con mayores competencias, incluso para la concesión y retirada de licencias. Es importante que los órganos institucionales muestren su utilidad a los ciudadanos y que salga la política partidista de la gestión del audiovisual. Es muy conveniente que todos nos creamos la necesidad del consejo a pesar de los tropezones.

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