Los socialistas esgrimen el Estatuto para pactar con PP e IU la financiación

¿Es posible un acuerdo en el Parlamento andaluz sobre lo ya pactado y votado en el Estatuto de Autonomía en materia de financiación? En teoría la respuesta debería de ser positiva, aunque en la práctica la situación es más que dudosa. El inicio de los tanteos previos a la negociación de un nuevo sistema de financiación autonómica no parece apuntar a un acuerdo entre los partidos andaluces, pese a que los principios sobre el modelo están sellados en el Estatuto.

La ejecutiva del PSOE de Andalucía esgrimió ayer el consenso a tres bandas con PP e IU, primero en el Parlamento andaluz y, posteriormente, en el Congreso de los Diputados para reclamar al presidente regional del PP, Javier Arenas, que tenga alturas de miras y deje "incordiar" y poner "piedras en el camino". En su opinión, el pacto previo en Andalucía "facilitaría de manera clara" el acuerdo posterior entre todas las comunidades autónomas y el Ejecutivo central.

Con estas palabras, el secretario de Organización del PSOE, Luis Pizarro, se refería a una proposición no de ley del PP, que se debatirá en la Cámara el próximo jueves. Como ya ocurrió en la anterior legislatura, los populares enfocan su postura sobre financiación en relación con las demandas que plantea Cataluña. El Estatuto catalán estipula que antes del 9 de agosto debe haber un acuerdo bilateral con el Estado sobre la financiación, al igual que el Estatuto andaluz también fija un plazo de dos años desde su entrada en vigor para "concretar la aplicación de los preceptos de contenido financiero del mismo".

El Estatuto andaluz defiende los principios de la autonomía financiera, el de suficiencia en función "de la población real" y el de la garantía de financiación de educación, sanidad y "otros servicios sociales esenciales para alcanzar niveles similares en el conjunto del Estado".

No a los privilegios

La norma estatutaria también indica que el sistema de financiación se acordará de manera multilateral en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en el que están presentes las comunidades de régimen común (todas salvo País Vasco y Navarra).

La posición de los socialistas andaluces es, en el fondo, la misma de siempre: el resultado del sistema no puede generar "privilegios" ni "fragmentación" y la nivelación debe afectar "a todos los servicios públicos transferidos". También es conocida su oposición a la nueva propuesta catalana que plantea limitar los servicios esenciales a salud, educación y servicios sociales y cuyo peso en porcentaje lo estima entre el 65% y el 75% de los recursos. "Es evidente las diferencias ente lo que proponen los compañeros del PSC y el PSOE de Andalucía", subrayó Pizarro, quien considera "normal" el debate previo a la negociación.

Por el contrario, Pizarro destacó el silencio de Arenas acerca del apoyo del PP valenciano a la propuesta catalana de poner límites a la solidaridad. Precisamente, hoy está prevista una reunión de Arenas con el consejero de Economía de la Comunidad Valenciana, Gerardo Camps, con el que se pretende desmentir diferencias. El número dos del PSOE aseguró que su partido apoyará el calendario de negociación que proponga el Gobierno porque es al que le corresponde tomar la iniciativa y "no a ningún dirigente de una comunidad", en alusión al presidente catalán, José Montilla.