El Tribunal de Cuentas reitera su diagnóstico

Jesús Álvarez Galdós, respondió ayer que ese órgano nunca recibió el mandato de fiscalizar las cuentas de tesorería de las sociedades del Guggenheim.

Vidarte duda de la eficacia de las recomendaciones del órgano auditor

El presidente del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, Jesús Álvarez Galdós, respondió ayer a los reproches por no haber detectado las irregularidades cometidas por el ex director de Administración y Finanzas del Guggenheim, Roberto Cearsolo, recordando que ese órgano nunca recibió el mandato de fiscalizar las cuentas de tesorería de las sociedades del Guggenheim "No teníamos elementos de juicio sobre las cuentas de la Tenedora [la sociedad creada para adquirir la colección de obras de arte] y la Inmobiliaria [la propietaria del edificio. No podemos hablar de lo que no hicimos. Es una temeridad", dijo Alvárez ante la comisión de Cultura de las Juntas Generales de Vizcaya. Tanto él como los auditores del tribunal que le acompañaron en su doble comparecencia de ayer -ante las Juntas Generales por la mañana y ante la Comisión de Economía del Parlamento, por la tarde- recurrieron a los mismos argumentos que plasmaron en los dos informes de fiscalización que han realizado de las sociedades del Guggenheim: el cambio de su naturaleza jurídica y la realización de auditorias.

En 2001 recomendaron que, para mejorar el control económico de la Tenedora y la Inmobiliaria, convenía que ambas se constituyeran como sociedades anónimas en lugar de las sociedades limitadas que habían formado las instituciones públicas. En ese informe publicado hace siete años, se recogía que no debía haberse partido la Tenedora a partes iguales entre la Diputación y el Gobierno vasco porque, al no contar ninguna administración con la mayoría, sus cuentas no quedaban sujetas a las normas de control del sector público. En el segundo informe, publicado el año pasado, recomendaron la realización de auditorias anuales, práctica que se abandonó en 1997.

Miguel Ángel Astiz, auditor del tribunal, señaló que, si se hubiera seguido la recomendación de realizar auditorias para mejorar el control y la transparencia, "se podrían haber evitado las irregularidades" en las cuentas. La falta de sintonía entre los criterios del tribunal y los responsables del Guggenheim volvió a quedar patente. El director genaral del Guggenheim, Juan Ignacio Vidarte, recordó que la auditoria se encargó en 2007 siguiendo la recomendación del tribunal, pero dudó de la eficacia del resto de medidas propuestas para detectar el comportamiento delictivo del ex director de Finanzas. "Las cuentas fueron manipuladas después de su legalización ante el Registro", explicó. Ni Vidarte ni la diputada de Cultura de Vizcaya, Josune Aristondo, están de acuerdo con el tribunal. "La naturaleza jurídica es irrelevante para el control", dijo el director general. "Y no es más fácil evadir el control porque ninguna adminsitración es mayoritaria". Aristondo apuntó que el tribunal no advirtió las primeras desviaciones de fondos confesadas por Cearsolo, realizadas en las cuentas de la Inmobiliaria en 1998. "El Tribunal fue engañado como los demás", dijo Vidarte.

En la comparecencia en el Parlamento, socialistas y populares coincidieron en pedir al tribunal una mayor investigación de las cuentas del Guggenheim. El portavoz del PP, Carmelo Barrio, anunció que solicitará que el tribunal sea asesor de la comisión parlamentaria de investigación sobre el Guggenheim que quiere que se constituya.