La Diputación es socia en el proyecto de finca Santamarina

Cuando en 2002 la Diputación de Ourense transfirió a la inmobiliaria Flager, SA, los derechos urbanísticos de la finca Santamarina (más de 17 hectáreas en la ciudad cedidos por 13,9 millones de euros), firmó también con Flager y con el Ayuntamiento, entonces gobernado por el PP, un convenio de urbanización del área de reparto que incluía esa finca y dos más, Miramón y Casar, propiedad todavía de la institución provincial.

En esa área es donde está previsto edificar más de 1.500 viviendas repartidas en torres de 19 alturas y un centro comercial de 41.000 metros cuadrados y la Diputación "es copartícipe de Flager en la junta de compensanción", destaca el portavoz del BNG, Xosé Manuel Fírvida. Por este motivo, y considerando que la institución provincial debe favorecer los intereses públicos "a los que hasta ahora ha perjudicado", los diputados nacionalistas reclamarán en el pleno de este mes que la institución destine el aprovechamiento urbanístico que le corresponde a vivienda de protección oficial.

Los diputados provinciales del BNG aseguraron ayer que proyecto de urbanización de la finca Santamarina se firmó "a espaldas" del resto de los propietarios de los derechos de reversión, ya que Flager se había hecho con los derechos de los cinco octavos de la parcela pero hay particulares que mantienen aún los de las partes restantes.

"Negocio especulativo"

Para el grupo provincial del BNG queda claro que la Diputación realizó una operación urbanística para "beneficiarse de un negocio especulativo", ya que las torres proyectadas para esa zona así como el gran centro comercial se incluirán en el área de reparto en el que la institución provincial mantiene la titularidad de las dos fincas citadas.

Los diputados nacionalistas sostienen que el grupo de gobierno de la Diputación, encabezado por José Luis Baltar, "sabía perfectamente", cuando transfirió los derechos a Flager, que si esperaba un par de meses más manteniendo la actividad agrícola de la finca "la inmobiliaria no podría hacer valer sus derechos de reversión", ya que entraba entonces en vigor la Ley de expropiación forzosa que primaba la utilidad pública de los bienes. Los representantes del BNG en la Diputación expresaron ayer su sorpresa por la creación, por la Diputación, de una sociedad urbanística provincial.