La justicia valenciana es la cuarta con menor proporción de jueces

Al empezar este año, en los archivos de los órganos judiciales de la Comunidad Valenciana se acumulaban 310.655 expedientes en espera de resolución, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El atasco judicial, que no ha dejado de crecer en los últimos años, amenaza con situar a la justicia valenciana al borde del colapso y pone en entredicho la tutela judicial efectiva que consagra la Constitución.

La ratio de fiscales en los juzgados es la cuarta más baja de España

Los asuntos sin resolver suponen el 12,9% del total nacional

La explicación de esta precaria situación, o al menos una de ellas, es que, siendo de las más litigiosas de España, la justicia valenciana es también una de las que tiene menor proporción de jueces. Los datos del CGPJ indican que la comunidad autónoma acabó 2007 como la tercera más litigiosa, tras recibir un promedio de 211 pleitos por cada 1.000 ciudadanos.

Pese a esto, las tres provincias valencianas tienen un promedio de 8,8 jueces por cada 100.000 habitantes, el cuarto más bajo de las 17 comunidades autónomas, lejos de los 9,8 de la media española y, más aún, de los casi 14 jueces de Castilla-La Mancha, los 13 de Asturias o los 12 de Madrid. La situación roza el agravio si se tiene en cuenta que las dos primeras se encuentran entre las que menos proporción de pleitos ingresan por razón de su población.

Con esta combinación de elevada litigiosidad y reducida ratio de jueces no es de extrañar que la justicia valenciana sea de las más congestionadas. En 2007 fue, junto con La Rioja, la quinta autonomía que menor proporción de expedientes fue capaz de resolver en relación con los que ingresó durante ese año y a los que le quedaban pendientes del anterior.

Los cientos de miles de asuntos sin resolver representan, además, el 12,9% de los que quedaron pendientes en los órganos judiciales de toda España, un porcentaje significativo si se tiene en cuenta que la población valenciana supone el 10,8% de la española.

Haciendo de la necesidad virtud, la Administración de justicia valenciana no parece haber encontrado otra forma de aliviar su atasco que trabajando a destajo, y cada uno de sus órganos judiciales resuelve una media de 2.862 asuntos al año, frente a la media española de 2.395.

Semejante capacidad de trabajo podría también pasar como inesperada factura una menor calidad de las resoluciones judiciales. Aparentemente, no ocurre así en el ámbito judicial valenciano. Uno de los indicadores que emplea el CGPJ para medir la calidad es el porcentaje de sentencias dictadas por jueces de carrera frente a sustitutos no profesionales. En este caso, y dada la penuria de magistrados, la comunidad queda claramente por debajo de la media española y llega a su extremo en los juzgados de lo contencioso, en los que solo el 64% de las sentencias las firman jueces de carrera, según los últimos datos publicados por el Consejo.

El propio CGPJ precisa también que "una adecuada dotación en la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal propicia una mayor calidad de la justicia y tiempos de respuesta más reducidos".

Sin embargo, con una ratio de fiscales inferior a la media española (4 por cada 100.000 habitantes, la cuarta más baja de las 17 comunidades) y una mayor presencia de jueces sustitutos, la justicia valenciana intenta nadar contracorriente: si se acude a un indicador especialmente objetivo de la calidad de las sentencias, se observa que un elevado porcentaje de las dictadas por sus juzgados y audiencias son confirmadas después por los tribunales de apelación, casi siempre por encima de la media nacional.

En cuanto al tiempo que los órganos judiciales tardan en resolver sus asuntos, la demora es superior al promedio español en los juzgados que tratan asuntos civiles y en los recursos de lo social ante el TSJ, aunque la situación mejora en los expedientes civiles y penales que llegan a las tres audiencias provinciales.

Sea por la mayor inclinación de los valencianos a pleitear o porque esta misma tendencia anima la congestión judicial, el caso es que la Comunidad Valenciana destaca también por su número de quejas por defectuoso funcionamiento de la justicia: 1.434, cantidad que representa el cuarto porcentaje más alto entre las 12.426 formuladas en toda España, según el último recuento estadístico de la Unidad de Atención al Ciudadano del CGPJ, correspondiente a 2006.