El informe interno confirma que Vigo derrochó en suelo para la depuradora

El Ayuntamiento adquirió 73.136 metros de dominio público que no usó ni posee

El Ayuntamiento de Vigo pagó unos 390 millones de pesetas por la adquisición de 73.136 metros cuadrados de terrenos de dominio público para construir la depuradora del Lagares, que finalmente no se instaló en ellos. Tampoco ha podido agrupar ni registrar la propiedad y dominio de esos solares. Es una de las conclusiones que se derivan del informe encargado por el alcalde, Abel Caballero, para clarificar el proceso de adquisición de suelo, en el que el Ayuntamiento, entre 1991 y 1996, gastó 777 millones de pesetas, lo que multiplica por 28 la cifra prevista en el proyecto expropiatorio inicial (1989). El solar donde se asienta la depuradora, de 59.600 metros, costó 357 millones de pesetas. El coste de los 73.136 metros "inútiles" se seguirá pagando en el recibo del agua hasta 2016 si nada lo remedia.

Los terrenos se adquirieron en tres fases que se solapan en el tiempo
El recibo del agua carga hasta 2016 el coste de los terrenos "inútiles"
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El informe que encargó Caballero al secretario general, José Riesgo Boluda, y al jefe de la asesoría jurídica, José A. Blanco Serrano, a raíz de las informaciones publicadas por EL PAÍS, confirma la adquisición masiva, mediante pago, de terrenos de dominio público que luego no se usaron, pese a las estrecheces de superficie en que se construyó la depuradora. A su vez unifica y clarifica un expediente disperso y caótico, del que sólo se tenían referencias parciales.

La adquisición de terrenos se realizó en tres fases que se solapan en el tiempo. El primer lote o fase I, de 61.440 metros, procede del convenio con 76 teóricos propietarios. El mismo pleno municipal que aprobó ese convenio, en noviembre de 1991, aprobó la fase II a instancias de la Consellería de Ordenación do Territorio e Obras Públicas (COTOP), a disposición de la cual el Ayuntamiento tenía que poner los solares para construir la depuradora y que reclamaba otros 13.992 metros. Un año después, la misma COTOP confirmó un desplazamiento en la ubicación inicialmente prevista para la planta y reclamó otros 33.136 metros para el mismo fin (fase III).

El solar adquirido por convenio resultó ser en su totalidad del dominio público de Costas, según un deslinde que había tenido aprobación definitiva en 1975. A su vez, Seragua, ahora Aqualia, la concesionaria del servicio de aguas, compró otros 28.288 metros "para el Ayuntamiento" (de las fases I y III) a 59 teóricos propietarios, de los que sólo dos acreditaron la titularidad de los terrenos. Todo el suelo comprado por la concesionaria también era de dominio público y del mismo sólo se utilizó para instalar la depuradora algo más de la mitad, 16.592 metros.

La depuradora se instaló finalmente en un polígono de 59.600 metros formado por los 16.592 de Seragua, que no han sido agrupados, ni registrados ni transferidos, y 43.008 metros comprados directamente a particulares por el Ayuntamiento y que componen la única superficie consolidada del polígono.

Cabe recordar que la planta se construyó, según auditorías posteriores, con grandes limitaciones de espacio que acabarían condicionando la geometría y emplazamiento de sus piezas, así como su funcionalidad.

El informe encargado por el alcalde señala ahora que "debe regularizarse la situación jurídica de la parcela de 61.440 metros [la adquirida por convenio] teniendo en cuenta que sobre ella, o sobre parte de ella, se puede ampliar la actual edar [depuradora] en el supuesto [probable] de que sean insuficientes los 16.150 metros de propiedad privada que el plan general reserva al oeste y al este de las instalaciones existentes".

El Ayuntamiento acabó pagando por los terrenos útiles e "inútiles" 777 millones de pesetas, lo que multiplica por 28 la cifra prevista en el proyecto expropiatorio inicial, que en 1989 presupuestó el coste del suelo en 27.886.800 pesetas. Pero tampoco son cantidades definitivas. En 2003, los afectados por el convenio reclamaron ante el TSXG un suplemento de 63 millones de pesetas por intereses de demora (ya habían cobrado 132) y, aún el pasado 7 de marzo, el TSXG se dirigía al Ayuntamiento instando su posicionamiento sobre esa última cantidad reclamada... que también podría haber crecido con el tiempo.

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