Un cónclave con 800 delegados para "reconstruir IU"

IU es el único partido que celebra a puerta abierta, en presencia de periodistas, las reuniones de su máximo órgano de dirección: el Consejo Político, con 200 miembros. Lo decidió hace años para favorecer la transparencia, pero muchos dirigentes lamentan el daño colateral que eso provoca: las broncas internas de IU siempre trascienden más que las del PSOE o el PP, "que también las tienen". Ayer, la bronca surgió por algo que en principio se había acordado en la Comisión Unitaria creada hace un mes: las normas de funcionamiento de la IX Asamblea Federal, que elegirá a la nueva dirección de IU.

La Asamblea, prevista primero para junio y aplazada ahora al 25 y 26 de octubre, estará formada por 800 delegados enviados por las federaciones territoriales, con este criterio: el 50% de los delegados en función del número de afiliados de la federación, el 30% en función del porcentaje de voto obtenido allí en las elecciones generales del 9-M y el 20% en función del número de votos en esos mismos comicios. Pero el paso previo de todo eso es conocer los censos de afiliados, y ahí es donde surgió la pelea que casi acaba en "ruptura", como llegó a decir el presidente del PCE, Felipe Alcaraz.

Militancia 'inflada'

El equipo de Gaspar Llamazares está convencido de que las federaciones más afines al sector crítico -sobre todo Andalucía, que reúne al 40% de los 58.000 afiliados de IU- inflan sus censos desde hace tiempo para tener más delegados y por tanto más poder en las Asambleas. Por eso quiere que se realice una auténtica limpieza de los censos: que las federaciones demuestren que esos afiliados existen, presentando el recibo de sus cuotas por domiciliación bancaria; y, además, que las federaciones que no hayan pagado las deudas que acumulan con la dirección federal "desde enero de 2006" no tengan derecho a ningún delegado.

Después de siete horas de tira y afloja en torno a esa cuestión, los dos sectores pactaron una solución de compromiso: lo de pagar las deudas se mantiene, pero se retira la obligación de domiciliar las cuotas, al menos hasta ver qué dice al respecto la nueva Ley de Financiación de Partidos Políticos. En la práctica eso supone ganar tiempo para ir organizando la Asamblea, aunque es más que probable que la guerra de los censos vuelva a aparecer.

El documento político que se debatirá en esa Asamblea aún no está elaborado. Ayer sólo se aprobó un guión inicial que aboga por "reconstruir IU" a través de un debate "libre, transparente, democrático, donde todas las opiniones tengan espacio".