El notario Alejo Calatayud cometió un delito de falsificación

El tribunal considera al notario Alejo Calatayud responsable de un delito de falsificación, por imprudencia grave, de un documento público. Aunque la pena que le impone es el pago de una multa de 3.600 euros, destaca que ha cometido dos irregularidades acreditadas.

De una parte, certificar en el geriátrico de Os Gozos que comparecen ante él la vendedora, la anciana María Vázquez Covela, y el comprador, Benigno Moure, cuando en realidad Moure compareció primero en su despacho de Ourense en donde se suscribió el documento. La segunda irregularidad fue poner a la firma de la anciana la escritura que ya llevaba redactada y firmada por el comprador.

Pero el tribunal tilda de especialmente grave que el profesional no hubiera ejercido "una mínima y razonable comprobación del estado mental de la vendedora" para prestar un consentimiento libre y consciente. Además, destaca que el notario Calatayud tenía obligación de contrastar la capacidad legal de los otorgantes y alude a las palabras de los peritos médicos, quienes advirtieron en el juicio que la enfermedad de Alzheimer que padecía María Vázquez podía apreciarlo cualquier ciudadano medio (el notario declaró en el juicio que no lo percibió y que la anciana movía la cabeza a modo de asentimiento a sus preguntas). "El deterioro cognoscitivo de María al tiempo del otorgamiento era clamoroso", recoge la sentencia haciendo hincapié en que ya lo había apreciado antes el juez que había declarado su incapacitación.

Imprudencia grave

El auto califica de "situación falsaria" y de "imprudencia grave" la actuación del notario. Su abogado, José Manuel Orbán Sousa, ha anunciado que recurrirá por entender que su defendido "actuó correctamente". El defensor sostiene que Alejo Calatayud ha obtenido "una victoria moral" considerando que la acusación particular -el sobrino de la anciana, César Vázquez- pedía para él 12 años de cárcel y "sólo le han impuesto una multa".

Por su parte, la acusación particular ha anunciado ya que solicitará de la Xunta de Galicia que ordene una auditoría de las cuentas de la Fundación San Rosendo. "Hay que tener en cuenta", declaró, que la Administración autonómica le concedió en 2007 una subvención de cuatro millones de euros y que la ciatada fundación está gestionada por un bribón que, como recoge la sentencia, transfirió a sus cuentas el dinero de mi tía".

César Vázquez expresa su malestar por la condena de cinco años -la fiscalía y su abogado pedían 14- y señala que sus abogados aún no han decidido si recurrirán la sentencia.