EDF tendrá que hacer público su plan para Iberdrola por orden judicial

Van a ser 12.000 euros bien gastados. Al menos desde el punto de vista de Iberdrola. El juzgado mercantil número 2 de Bilbao, ha dado la razón a Iberdrola en la demanda de solicitud de medidas cautelares previas que la compañía española presentó el 17 de marzo contra la compañía estatal francesa Électricité de France (EDF), en medio de un mar de rumores, por supuesta competencia desleal. En un plazo de cinco días, por exigencia del juzgado, EDF tendrá que hacer públicos, mediante anuncios en prensa, sus planes para Iberdrola.

En concreto, la resolución judicial, que se aplicará previo depósito de los mencionados 12.000 euros y contra la que no cabe recurso, pide a EDF "el cese provisional inmediato en la realización de declaraciones ambiguas y en la difusión de informaciones contradictorias en relación con la adquisición del negocio de Iberdrola". La resolución se comunicará a los órganos reguladores del mercado bursátil (CNMV) y energético (CNE).

Asimismo, el juez ordena que, en el plazo de cinco días, EDF comunique en los diarios El País, El Mundo, Expansión, Financial Times y Wall Street Journal si ha iniciado, está efectuando o prepara una operación sobre la eléctrica vasca.

EDF también tendrá que pronunciarse sobre si su intención es "el desmembramiento o reparto de los activos de Iberdrola y/o de las sociedades de su grupo" y si ha adquirido o tiene intención de adquirir una participación superior al 3% en el capital de Iberdrola, "por sí o de forma concertada con otros".

En una nota de prensa, Iberdrola resumió el auto afirmando que el juez le ha dado la razón al entender "que la conducta de EDF obstaculiza el proyecto empresarial de Iberdrola, conducta que viola las exigencias objetivas de la buena fe entre competidores". En cualquier caso, la resolución judicial es un punto en el casillero de la empresa española. Ésta libra una nebulosa partida con EDF y ACS desde finales de enero. Con un flujo constante de rumores sobre una posible operación en su contra de la eléctrica estatal francesa en alianza con el primer accionista de la sociedad española, ACS.

La demanda de Iberdrola en Bilbao es sólo parte de la ofensiva jurídica emprendida contra EDF. En Bruselas, Iberdrola ha denunciado las presuntas ayudas estatales recibidas por EDF, ha denunciado los blindajes de la empresa y se ha personado en el expediente abierto por la UE por abuso de posición dominante. Todo ello, sin olvidar al accionista incómodo ACS. Iberdrola ha recurrido también ante el Ministerio de Industria la decisión de la Comisión de la Energía de desestimar la petición de la eléctrica para que se limiten al 3% los derechos de voto de ACS en su capital, y de que se le impida poseer más del 10% del mismo.