El PSPV alerta sobre los contratos a la carta en fundaciones públicas

La supresión de las restricciones al gasto administrativo en la gestión de las fundaciones que prevé el proyecto de ley presentado por el Consell para adaptar la norma autonómica de 1998 a la ley estatal de 2002 despierta recelos entre la oposición parlamentaria en las Cortes. Los socialistas aluden a una estrategia para consolidar un "tercer pilar de la Administración" que escapa al control político. Desde Compromís se denuncia que el proyecto desvirtúa la razón de ser de las fundaciones que deben consumir sus recursos en la consecución de sus objetivos y no en aparatos burocráticos.

"Las fundaciones públicas son ETTs al servicio del Consell"

"El PP pretende consolidar un tercer pilar de la administración"

Portavoces de ambos grupos concentran sus críticas en las fundaciones públicas, que se han multiplicado en los últimos 12 años pasando de tres a 31. Las entidades sin ánimo de lucro sustentadas mayoritariamente con fondos públicos deben sujetarse a los principios de igualdad, mérito y capacidad para contratar a su personal, pero no garantizan la publicidad de sus ofertas de trabajo ni sus patronatos constituyen tribunales independientes a la hora de emplear trabajadores. Una diputada socialista denuncia que "todas las fundaciones de la Generalitat han servido para colocar a los más amigos o a los más familiares". Glòria Marcos, de Compromís, afirma que "las fundaciones públicas son empresas de trabajo temporal al servicio del Consell".

El Grupo Socialista apunta que el proyecto de ley ha llegado a las Cortes sin que el Comité Económico y Social (CES) haya emitido el informe que corresponde a las leyes de carácter social o eminentemente económico. El PP alega que la ley vigente, de 1998, tampoco pasó por el CES. Pero obvia que la Sindicatura de Comptes decidió fiscalizar las fundaciones públicas desde 2003 a la vista del creciente volumen de fondos que recibían de Generalitat.

Los socialistas también exigen que las fundaciones públicas y privadas tengan trato diferente y citan el modelo catalán. El Govern de Catalunya prepara una ley para regular las fundaciones públicas que establece a qué cargos institucionales corresponde participar en qué patronatos y, sobre todo, ajusta la compra de servicios a la nueva ley de contratos del Estado, que entrará en vigor en mayo, y que somete a la intervención general la gestión de todas las entidades públicas.

El recurso al carácter negativo del silencio administrativo que regula el proyecto de ley para las autorizaciones o conformidades que debe tramitar la Generalitat cuando lo solicite cualquier fundación, tanto pública como privada, solo revela, a juicio de la oposición parlamentaria, "la insuficiencia de medios del Protectorado y Registro de Fundaciones para controlar el elevado número de entidades que operan en la Comunidad Valenciana". La Generalitat financia mayoritariamente 31 fundaciones públicas pero reparte subvenciones a otras 700 entidades sin ánimo de lucro de ámbito autonómico o estatal.