Conde-Pumpido replica con nuevas críticas al "ataque" del Constitucional

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, elevó ayer el punto de mira por encima de la sentencia de los Albertos y cargó contra el Pleno del Tribunal Constitucional, en respuesta a la carta que éste envió al presidente del Gobierno quejándose del titular de la fiscalía. Lejos de apaciguar el conflicto que enfrenta a las altas instituciones judiciales, la intervención de ayer del fiscal amenaza con intensificar y extender una ofensiva que ya salpicó al Gobierno y puede volver a hacerlo.

Conde-Pumpido aprovechó un discurso protocolario para envolver en él una carga de profundidad, en la que atribuyó al alto tribunal "ataques interesados" y le acusó de "insinuar maliciosamente" que él "depende del Ejecutivo". Bajo la apariencia de recomendaciones al nuevo fiscal jefe de Madrid, Eduardo Esteban, los dos últimos folios aparecen repletos de referencias más que alusivas al conflicto que le enfrenta al Constitucional: "Te encontrarás muchas veces, Eduardo, con ataques interesados -algunos procedentes del lugar más insospechado- que pretenden olvidar esta posición constitucional del Ministerio Fiscal en el ámbito del Poder Judicial para insinuar maliciosamente una inconstitucional e inexistente dependencia del Ejecutivo".

Pero donde las referencias son más evidentes es en el último folio, en el que Conde-Pumpido llama a proteger siempre "los intereses de los más desprotegidos" y a recordar que el fiscal debe estar siempre "más cerca de los intereses de los agredidos que de los agresores, de los estafados, que de los estafadores...", en clara alusión al delito cometido, pero que no purgarán los Albertos.

Fuentes del alto tribunal expresaron a este periódico su "extrema indignación" con el fiscal y reiteraron que la sentencia del Constitucional sobre los Albertos no cuestiona la doctrina sobre la prescripción del Tribunal Supremo, sino que parte de la falta de valor jurídico como querella de un papel presentado como tal el último día de plazo. El malestar del Constitucional llevó ayer a algunos magistrados a plantearse enviar una nueva queja, más contundente al presidente del Gobierno.