Un empresario se enfrenta a 5 años por roturar 10 hectáreas de suelo protegido

El Fiscal de Medio Ambiente de la Audiencia de Alicante, Juan Carlos Carranza, en su escrito de calificación inicial, solicita cinco años de cárcel para un empresario acusado de roturar 10 hectáreas de suelo no urbanizable y protegido por su especial valor paisajístico en el término de la pedanía oriolana de Torremendo. El ministerio público imputa al procesado un delito contra el medio ambiente y completa la acusación con una multa de 30 meses (a razón de 12 euros diarios) y una indemnización de 2,9 millones de euros.

El acusado, cuya identidad declinó desvelar el fiscal, se ha negado a declarar en la fase de instrucción del sumario, que dirige la magistrada Natividad Navarro, titular del juzgado número 5 de Orihuela. No obstante, el fiscal, sobre la base de los informes aportados a la causa por los agentes del Seprona, mantiene que el objetivo de la roturación del terreno era variar la calificación del suelo mediante el argumento de los "hechos consumados" en relación con una ulterior urbanización de la zona.

El objetivo era cambiar la calificación del suelo para edificar

Los trabajos de roturación de la finca, ubicada en la partida de Alcorisa en el entorno de Sierra Escalona, se ejecutaron en noviembre de 2005. El fiscal asegura que el promotor de la roturación llevó a cabo la eliminación de la vegetación y transformación de la orografía de la zona sin contar con ningún estudio de impacto ambiental y a pesar de la prohibición expresa del Ayuntamiento de Orihuela. El Consistorio requirió al promotor hasta en tres ocasiones para que cesara los trabajos de roturación.

El fiscal de Medio Ambiente recoge también en su escrito de calificación que la roturación vulneró la directiva europea de hábitats que califica ese terreno como área de especial protección, tanto por el valor de su flora como de refugio para especies animales en peligro de extinción. La roturación de la zona igualmente implicó el allanamiento de cinco barrancos, extremo que viene a incrementar "el riesgo de erosión en el supuesto de lluvias torrenciales", puntualiza el fiscal.

La personación del ministerio público en esta modalidad de delito contra el medioambiente es la primera iniciativa de este destacamento de la Fiscalía de la Audiencia de Alicante. El departamento se creó hace dos años con la misión específica de perseguir la delincuencia urbanística enmascarada en supuestas prevaricaciones o cohechos vinculadas a proyectos de ordenación del territorio.