Absuelto el mando policial del 'caso Ciempozuelos'

La Audiencia de Madrid ha absuelto al jefe de la Unidad de Delitos Monetarios de la Policía, Miguel García Izquierdo. Éste fue imputado por presunta omisión de su deber de perseguir el delito por el ex juez del caso Ciempozuelos, Agustín Carretero, fichado en plena instrucción como alto cargo del Gobierno de Esperanza Aguirre. El juez sostuvo, en contra del criterio del fiscal Anticorrupción, que el agente había ocultado un informe recibido desde Andorra sobre el dinero -un millón de euros- ingresado allí por los ex alcaldes socialistas de dicho municipio Pedro Torrejón y Joaquín Tejeiro. La sentencia absolutoria, con base en los mismos documentos y declaraciones utilizados por Carretero para imputarlo, proclama su total inocencia.

"El comisario García Izquierdo tiene conocimiento de dicha información por primera vez el 14 de septiembre de 2006, cuando el inspector jefe Vicente García Novoa va a su despacho y le cuenta que existe esta información y que podría tratarse de un tema de corrupción urbanística en Ciempozuelos", dice el fallo. Al día siguiente, continúa, llamó a su despacho a García Novoa y al jefe de la sección técnica. "García Novoa le informa de que tiene un informe que le había encargado su [anterior] superior, Mario Jiménez, para enviar a sus superiores jerárquicos en la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal). El mismo día 15 de septiembre García Izquierdo llama a su superior, José Luis Oliveras, para informarle, quien le recibe el día 18, momento en el que le informa por escrito". Entonces se ponen en contacto con Andorra para verificar el tema y allí les informan de que debían comprobarlo. "El 28 de septiembre, se remite por la Unidad de Prevención del Blanqueo de Andorra un informe en el que se exponen unos hechos que podrían ser delictivos, presentándose esta información en Anticorrupción en menos de diez días".

Amigo del tesorero

Mientras, la sentencia niega que García Izquierdo incurriera en omisión del deber, por contra, da por acreditado que en mayo de 2006, previa a su toma de posesión, se recibió por "parte de Mario Jiménez una información vía fax de servicio antiblanqueo andorrano que no se había registrado". Tanto Jiménez como García Novoa -amigo del tesorero del PP, Álvaro Lapuerta, cuyo testimonio denegó el juez-, siguen imputados.