Cárceles y campaña electoral

La privación de libertad, en la mayoría de los países democráticos, es un recurso propio de la Administración de justicia; en España también, pero menos, porque desde el año 1996 se concibe, sobre todo, como una herramienta policial en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia; por eso reubicaron las cárceles en el Ministerio del Interior sacándolas del Ministerio de Justicia, donde estuvieron hasta entonces.

La retención y custodia de los internos es un recurso necesario, no la finalidad última. El mandato constitucional es imperativo, obliga a procurar la reeducación y la reinserción social de los penados y evitar, en la medida de lo posible, el deterioro físico y psíquico de los presos preventivos. Sin embargo, la intervención penitenciaria y el tratamiento individualizado han sido conscientemente olvidados durante los últimos 12 años, en aras de otras urgencias políticas no siempre explicadas y a veces vergonzantes. Creo, además, que la sociedad española tiene obligaciones morales con los condenados todavía no asumidas; no podemos limitar por la fuerza los intereses, las motivaciones y las capacidades de determinados conciudadanos durante espacios temporales prolongados (de hasta 40 años) y luego pretender que reinicien su vida cotidiana, en condiciones de competitividad y autonomía plenas.

Los partidos políticos gozan, en estos momentos, de promesas electorales y futuros compromisos sociales, de una oportunidad sin igual para recuperar la plena naturaleza jurídica que tiene la privación de libertad, respetando las obligaciones legales que le atribuye la Constitución, devolver la institución penitenciaria al Ministerio de Justicia y promover el compromiso ciudadano con los presos durante su internamiento y, sobre todo, cuando alcancen la libertad. Mi voto va a depender de ello.