Chaves pide "disculpas" tras el último revés judicial por retirar a dos niños

"Si hemos podido cometer un error, pedimos disculpas". El presidente andaluz, Manuel Chaves, se excusó ayer en Huelva por el caso de Carmen Fernández que, tras 12 años de pelear en los tribunales contra la Junta de Andalucía por la retirada de dos hijos, murió sin saber que el Tribunal Constitucional arroparía su última demanda y obligaría a la Junta a indemnizarla con 1,7 millones de euros por la imposibilidad de que sus hijos vuelvan con ella a pesar de tener derecho a ello debido al largo tiempo transcurrido desde la separación.

El gesto de Chaves, que también pidió perdón tras el despido de profesoras interinas embarazadas, fue casi el opuesto al de la consejera para la Igualdad y el Bienestar Social, Micaela Navarro, que ayer reiteró que no se arrepiente de haber presentado el recurso de amparo ante el Constitucional.

En Jaén, Navarro dijo que era su "obligación" porque los informes jurídicos aconsejaban presentar el recurso y porque la indemnización se paga "con dinero público". Inicialmente, Navarro había anunciado que no se recurriría la sentencia que fijó la indemnización, pero finalmente se interpuso un recurso de amparo al considerar que no era razonable la cuantía, que se invadía la competencia del orden contencioso-administrativo y que el tribunal no había sido imparcial. La Fiscalía se pronunció contra la admisión de este recurso ante el Constitucional.

La millonaria indemnización, que crea un precedente para otros casos de menores en los que las familias biológicas se oponene a la retirada de sus hijos, fue fijada por una sentencia de la Audiencia de Sevilla en 2005 (corregida en 2006), que recurrió al baremo empleado para compensar a las personas que son encarceladas injustamente.

Este criterio fue considerado irrazonable por la Junta, pero el Constitucional defiende que "corresponde al juzgador precisar los conceptos y criterios compensatorios" para fijar la indemnización como medida sustitutoria. "No puede considerarse irracional o manifiestamente irrazonable (..) el proceder del órgano judicial que pondera los daños ocasionados por una separación que se transforma finalmente en pérdida de la expectativa de reintegración de los menores a la situación de convivencia con su madre biológica". En lo que sí coincidieron Chaves y la consejera Navarro fue en criticar la eternización del litigio: 12 años. "Una barbaridad", dijo Navarro. "En la vida de un niño, una eternidad", agregó. Chaves lamentó la duración del proceso, que también achacó a los trámites jurídicos. Este es otro de los argumentos usados por la Junta en el recurso, que se queja de que se le responsabilice de la dilación acumulada en todo el proceso y se olvide el papel que jugaron en ello los tribunales, a veces enfrentados entre sí.

El juez Francisco Serrano, que bendijo la entrega en acogimiento preadoptivo de los hijos de Carmen Fernández en 1998, defendió ayer su actuación durante todo el proceso y atribuyó la lentitud al procedimiento judicial, que incluye dos sentencias del Constitucional. Mar Arredondo, abogada de los acogedores, dijo que éstos también han salido perjudicados ya que no lograron adoptar a unos niños que habían recibido con esa intención. Uno de ellos sigue viviendo con esta familia. La otra decidió irse voluntariamente con Carmen Fernández hace unos años.

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