Correos promete que la supresión del reparto a domicilio será "mínimo"
UGT acusa a la empresa de "no decir la verdad" y exige a Fomento que pare el decreto
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El presidente de Correos, José Damián Santiago, viajó ayer a la capital gallega para intentar sofocar la alarma provocada por el decreto que permite a su empresa eliminar la entrega de cartas puerta a puerta en los entornos más aislados. Tras varios días de protestas por parte de sindicatos y partidos, que temen que se despoje de este servicio a buena parte del rural por la dispersión de sus viviendas, el responsable de la empresa pública prometió que el "impacto" en Galicia de los cambios promulgados por la norma aprobada en abril será "mínimo". Hace sólo cuatro días, una portavoz de la compañía fue más allá y aseguró que en Galicia el decreto no tendrá ningún efecto.
Estas afirmaciones son sólo una estimación, admitió el presidente de Correos, porque, en contra de lo afirmado hasta ahora por la compañía, Santiago niega que se esté elaborando un estudio específico para averiguar cuántas casas existen en la comunidad que cumplan las condiciones establecidas en el decreto para sustituir el reparto puerta a puerta por un buzón comunitario, es decir, que estén ubicadas a más de 250 metros de una carretera transitada por otros servicios públicos. A juicio de Santiago, que confesó "no ser un gran conocedor de Galicia ni de su desarrollo urbanístico", las viviendas en esta situación son "la excepción de las excepciones".
La compañía dice que una casa a 250 metros de una carretera es en Galicia una excepción
"[Los afectados] son personas que viven en zonas diseminadas, que reciben sólo cinco cartas a la semana...", esgrimió. En ningún caso, recalcó, se eliminará el servicio puerta a puerta a aldeas o entidades de población enteras, "sea cual sea su tamaño", sino a viviendas.
En las zonas que cumplan los requisitos para ser bautizadas como "entornos especiales" se instalará un buzón comunitario en un lugar de paso para que los vecinos recojan allí su correspondencia. La decisión última para introducir este cambio en el reparto postal, explicó Santiago, dependerá de Fomento y, añadió, se realizará "por consenso" con los afectados. Correos insiste en que estos casilleros no son una novedad, ya que en Galicia se instalaron 100 en los años 70 y 80, que dan servicio a 1.641 personas. Cuántos se van a instalar a partir de ahora sigue siendo una incógnita.
El sindicato UGT, al igual que la CIG, es menos optimista que el responsable de la empresa pública y cree que la norma afectará a la comunidad "de forma considerable". La central sostiene que la aplicación del decreto dividirá a los ciudadanos "en distintas categorías según el lugar en que residan". José Canal, portavoz de Correos en UGT Galicia, deduce que la dirección de la empresa "intenta tranquilizar a los vecinos y partidos políticos, pero sin decir la verdad a la sociedad".
"Fomento dice que el rural no es objeto del decreto, sino las viviendas diseminadas situadas a 250 metros de una vía pública. Y en UGT nos preguntamos si sabrán en Fomento lo que es el rural gallego, ya que hablar de rural y de viviendas diseminadas en Galicia es lo mismo", esgrime Canal. Tampoco se cree UGT la promesa de Correos de que los cambios en el reparto postal no recortarán el número de carteros rurales. El sindicato augura que "en pocos años" se producirá una "importante reducción de personal" en Galicia, ya que se necesitarán menos personas para entregar las mismas cartas.
En su defensa de los carteros de pueblo, UGT reivindica su "labor social", porque, alega, son, con el panadero, los únicos que llegan a las casas más aisladas del rural, habitadas en muchos casos por personas muy mayores. "Pueden alertar a los ayuntamientos o vecinos cuando se encuentran mal o no dan señales de vida, así como leerles las cartas o hacerles encargos", explica el portavoz del sindicato.
UGT denuncia además que en zonas como Vigo, Salvaterra, Ponteareas, Sanxenxo y Tomiño el reparto de cartas incumple la normativa europea de plazos de entrega. El presidente de Correos discrepa. Ayer, aseguró que la gallega es la comunidad autónoma con "mayor calidad" en el cumplimiento de los tiempos establecidos.
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