Una ley obligará a la Xunta a dedicar un 7% a asistencia social

La Vicepresidencia de la Xunta llevará este año al Parlamento un proyecto de ley con el que pretende construir un aparato similar al Sergas para ofrecer servicios sociales. La norma creará un sistema "nacional gallego" de bienestar en el que cada ciudadano contará con un asistente social de cabecera, un historial similar al médico y una tarjeta de identificación. El número dos de la Xunta, Anxo Quintana, calificó ayer el texto como "una carta de reconocimiento de nuevos derechos sociales", dotada de "medidas económicas" para que "sea mucho más creíble". El logotipo con el que Vicepresidencia pretende extender esta maquinaria reúne sobre un fondo verde manzana dos de las siglas del BNG: "+bg", en referencia a "máis benestar galego".

La norma marca el gasto mínimo de los municipios, a lo que se opone la Fegamp

Para alimentar de dinero esta red de prestaciones, el proyecto de Lei de Servizos Sociais obliga a la Xunta y a los ayuntamientos a destinar un porcentaje mínimo de su presupuesto a estas políticas. Dentro de seis años, el Gobierno gallego deberá dedicar al menos un 7% de su presupuesto anual a asistencia social, frente al 4,8% actual.

En el caso de las corporaciones locales, el borrador de la ley obliga a las localidades de más de 20.000 habitantes a consignar también un 7% de sus recursos anuales a fines sociales, frente al 6% de ahora y que fue fijado en 1993 por la Xunta del PP. Los municipios de menos población que se asocien con otras administraciones para prestar estos servicios deberán dedicar el 4% de su presupuesto, mientras que aquellos que decidan hacerlo en solitario tendrán que elevar este porcentaje al 6%.

Los ayuntamientos tendrán un plazo de seis años para alcanzar estos mínimos. Si no lo hacen, se expondrán a perder financiación. El anteproyecto de Lei de Servizos Sociais obliga, en cualquier caso, a la Administración autonómica a garantizar los "medios económicos, materiales y personales" necesarios para que las corporaciones puedan ejecutar de forma "adecuada" las competencias sociales que se les traspasen.

El presidente de la Federación Galega de Municipios, el socialista Carlos Fernández, ya ha manifestado su "absoluta discrepancia" con estas obligaciones presupuestarias de los ayuntamientos. El también alcalde de Ames las considera una "grave injerencia en la autonomía local" y reclama "libertad" para que los municipios fijen sus "prioridades" de gasto.

Fuentes del gabinete de Quintana no prevén, sin embargo, discrepancias con la Consellería de Economía, en manos socialistas, por los compromisos presupuestarios que incluye el borrador. Desde Vicepresidencia se asegura que incrementar el gasto social es ya la "tendencia actual" marcada por el bipartito, por lo que no prevé problemas para que el Consello de la Xunta dé el visto bueno al proyecto.

Quintana afirma que el Sergas de los servicios sociales habilitará 3,5 plazas de residencia por cada 100 mayores, atenderá en casa al 30% de los 91.000 dependientes y ofrecerá 4.200 plazas asistenciales para discapacitados psíquicos frente a las 2.400 actuales.