El juez avala la contratación en las galescolas

El sistema de contratación de las galescolas ha recibido el respaldo de un juzgado de Santiago. La entrevista personal, criticada por la mayoría de los sindicatos por la presunta discrecionalidad que introduce en la selección, resultó avalada por una sentencia del juzgado número 2 de la capital gallega, que considera que esa prueba no tiene carácter eliminatorio, ni su puntuación resulta decisiva.

El fallo supone un alivio para el consorcio que gestiona las galesoclas, dependiente de la Vicepresidencia de la Xunta, después de que el mismo juzgado provocara con otra sentencia previa la modificación del sistema de contratación por vicios de legalidad.

En esta ocasión fue Comisiones Obreras el sindicato que impugnó las bases de la contratación, por las que el consorcio se dotará de una plantilla de unas 1.500 personas para las 200 galescolas que creará Vicepresidencia. El sindicato denunciaba en su demanda "irregularidades en la configuración de la entrevista personal", que consideraba una modalidad del sistema de libre designación por la subjetividad de la entrevista, carente de temario, según CC OO.

El fallo, del 5 de diciembre pasado considera, en cambio, que sí se concretan en las bases los temas que pueden ser tratados en la entrevista, al especificar que ésta versará sobre "contenidos propios del puesto de trabajo, tanto teóricos como prácticos", así como del currículum personal o de los méritos aportados por cada aspirante.

El vicepresidente Anxo Quintana, mientras, firmó en Madrid con el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, el pago de 51,4 millones de euros para servicios sociales, en cumplimiento del acuerdo del líder nacionalista con Zapatero cuando el BNG impidió con sus votos en el Congreso la reprobación de la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez.La Vicepresidencia de la Xunta se felicitó ayer por la sentencia, que "demuestra que contra el sistema de contratación de las galescolas sólo se han hecho juicios de valor". "Se nos ha prejuzgado", acusó el secretario general de Vicepresidencia, Xavier Ferreira. El departamento que dirige Anxo Quintana opina que el fallo permite afirmar que el objetivo de la entrevista "consiste en los diferentes niveles de complejidad en los que cada aspirante puede desarrollar las funciones propias del puesto a ocupar, en relación con las funciones de los puestos ocupados y demás méritos acreditados". Ferreira se preguntó por qué se cuestiona el sistema de las galescolas y no la integración en el personal del Sergas "de 5.000 médicos de las fundaciones sanitarias".

Respecto al carácter decisivo de la entrevista de las galescolas, la sentencia señala que, aun alcanzando la valoración máxima de ocho puntos, "no se puede superar a quien obtenga el máximo de puntuación por méritos", que son 10 puntos. "El subjetivismo que pueda encerrar una prueba de tal naturaleza no genera en este caso un riesgo de arbitrariedad y de favoritismo a favor de alguno de los candidatos", señala el juzgado contencioso-administrativo número 2 de Santiago.

La secretaria de Política Social de Comisiones Obreras, Clara Gamarra, anunció la presentación de un recurso contra la sentencia, de la que destacó que "reconoce defectos en la convocatoria". Gamarra discrepa del carácter no decisivo que el fallo judicial atribuye a la entrevista e insistió en su "discrecionalidad". "Entre un aspirante con aprobado y otro con matrícula, la plaza puede ser para el aprobado", resaltó la dirigente sindical, que consideró "excesiva" la puntuación del encuentro personal.

Otro elemento de preocupación para CC OO es el tipo de plaza y el horizonte de la contratación. Se trata de plazas temporales por un tiempo máximo de dos años. De acuerdo con la legislación laboral, transcurrido ese tiempo los empleados pasarán a convertirse en laborales fijos, por lo que Gamarra se pregunta si Vicepresidencia ha decidido ya consolidar las plazas de los empleados de las galescolas dentro de dos años.

El secretario de general de Vicepresidencia, mientras, citó el caso del director del área de Benestar del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, Andrés Vázquez Piñeiro, al que la CIG acusa de "aprobar una oposición para un cargo que ya ocupa", además de formar parte de tribunales que vienen examinando en las pruebas del Consorcio. Ferreira recordó que fue contratado inicialmente tras superar un concurso, gracias a su currículum profesional, y que ahora se encuentra inmerso en otro para consolidar la plaza. La asesora del consorcio Pilar Candocia, que también participó en tribunales, renunció en cambio a continuar adelante con el proceso selectivo. Ferreira cree que a Vázquez Piñeiro "se le difamó".

La Vicepresidencia de la Xunta, por otra parte, utilizará los 51,4 millones de la "deuda histórica" en materia de servicios sociales firmados ayer con el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, para poner en marcha antes de finalizar 2009 cuatro centros residenciales y de atención diurna para personas con discapacidad y 26 centros de día para mayores. El convenio materializa el pago de 30,7 millones en 2008 y 30,6 en 2009, de los que el Ejecutivo central aportará el 75% (39 millones) y el autónomo el 25% restante (12,4). Nueve millones de euros corresponden al convenio firmado con Trabajo en octubre.

El vicepresidente de la Xunta resaltó el "espíritu de colaboración" con el Ministerio de Trabajo, que "siempre da resultados positivos". El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, afirmó que con el convenio "se seguirá creando empleo de calidad". "Ese es el patrón de crecimiento que nos conviene", señaló el ministro.