Vigo aprueba su plan de urbanismo con los 13 votos en contra del PP

El pleno municipal de Vigo aprobó ayer con los 14 votos de socialistas y nacionalistas el plan general de urbanismo, sin que el proyecto se haya sacudido el estigma de polémica que le acompaña desde sus primeros enunciados. El grupo popular (13 votos) le negó el ansiado consenso pese a ser el principal muñidor del documento, en el anterior mandato. Las modificaciones introducidas en los últimos meses, singularmente el incremento hasta el 43% de suelo para vivienda protegida, imposibilitó el acuerdo. La Xunta tendrá que darle ahora el visto bueno para su aprobación definitiva.

La concejala de Urbanismo, Carmela Silva, defendió el proyecto por fijar el esperado ordenamiento urbanístico, después de siete años de tramitación; facilitar el acceso a una vivienda digna a todos los ciudadanos, por aumentar el suelo para vivienda protegida; por mejorar la obtención de equipamientos, dotaciones y zonas verdes y porque su paso por tres alcaldes de distinto color (Pérez Castrillo, Corina Porro y el actual, Abel Caballero, con abstracción del breve mandato de López Mariño) facilita el consenso, "que si no se produce, no será por razones de contenido", señaló Silva.

Los populares pronostican que muchos ámbitos no se desarrollarán

El BNG se reclama como único grupo que ha mantenido la coherencia

Además, tiene seguridad jurídica, añadió la concejala aportando diversos informes. Cuando el portavoz popular explicitó su voto negativo, Silva encontró la causa: "Ustedes hace tiempo que tienen decidido no votar el plan, lo decidieron el día que perdieron las elecciones".

Para José Manuel Figueroa, el portavoz popular y concejal de Urbanismo en el anterior mandato, el plan que se presentaba ayer a aprobación era sustancialmente distinto al anterior, por las modificaciones introducidas, que después concretaría y que la propia Silva replicó con datos distintos a los ofrecidos por el portavoz popular.

El portavoz nacionalista y teniente de alcalde, Santiago Domínguez, apuntó en su primera intervención una conclusión que juzgó incontestable: "Hay unanimidad en considerar que el plan debe aprobarse ya y en que este plan es el mismo iniciado hace seis o siete años, aunque mejorado". El BNG, añadió, ha sido el único grupo que ha mantenido su coherencia en la búsqueda del consenso, de facilitar el acceso a la vivienda, en la transparencia y en el modelo de ciudad que propone el documento. Domínguez tampoco dudó de su seguridad jurídica: "La mayor inseguridad sería continuar sin plan", afirmó.

Por su parte, Carlos López Font, el portavoz socialista, subrayó el cumplimiento de todos los compromisos, tanto partidarios como del pacto de gobierno. "Pese a todos los agoreros", calificó el plan como "el más social de la historia de la ciudad", y apeló a que el PP, antes de que explicitara su negativa, reconsiderara su voto.

El debate propició, durante las cuatro horas de su desarrollo, la reiteración de argumentos que unos y otros vienen esgrimiendo desde hace meses en todos los foros, con cruce de informes técnicos contradictorios y de titulares de prensa que teóricamente demostraban los cambios de actitud frente al documento. Nada nuevo, salvo un informe a mayores, traído por Carmela Silva, de un técnico en urbanismo del PP, Cudeiro Mazaira, que avala su seguridad jurídica. Tampoco fue novedad la protesta vecinal fuera del ayuntamiento.

Pasa a la página 3El estrépito -pitos, bombos, cencerros y petardazos, más docenas de huevos estrellados contra las ventanas del salón y villancicos ad hoc- acompañó el desarrollo de la sesión desde su inicio, a las nueve de la mañana, hasta mediodía, una hora antes de concluir. Los dos centenares de vecinos que permanecían bajo la lluvia intermitente en el exterior, y entre los que hicieron acto de presencia el presidente de los promotores, Javier Garrido, y el diputado popular Ignacio López-Chaves, tenían incluso motivaciones distintas.

Había vecinos de oposición antigua e irreductible contra el plan, por cuestiones que mantienen desde el primer momento. Otros, la mayoría, de oposición reciente, entienden que la mayor reserva de suelo para vivienda protegida devalúa la cotización de sus terrenos, aspecto en el que incidiría en el debate el portavoz popular José Manuel Figueroa, que cifró esa devaluación entre un 50% y un 60%.

"Es demagógico y perverso", le respondió la concejala Silva. "Los vecinos tienen que estar prevenidos: a ver si es usted el que está allanando unos mejores precios a los promotores..."

El ruido viene de lejos. El plan comenzó a gestarse hace siete años, bajo el mandato del alcalde nacionalista Lois Pérez Castrillo, pero no fue hasta el mandato siguiente cuando se desvelaron sus contenidos, lo que enfrentó a socialistas y nacionalistas hasta hacer estallar la coalición que presidió, durante medio año, el alcalde Ventura López Mariño.

La aprobación inicial, el 30 de diciembre de 2004, ya con la popular Corina Porro en la alcaldía, tuvo que hacerse a puerta cerrada por la algarada vecinal, que desalojó el salón de plenos y acabó en los juzgados. Después, en el período de exposición pública, se presentaron 61.067 alegaciones firmadas por 81.067 ciudadanos y colectivos, una cifra insólita y sin parangón en el resto de España. Fueron desestimadas totalmente casi 28.000 de esas alegaciones. A continuación 21.055 ciudadanos solicitaron formalmente la celebración de un referéndum sobre el asunto, lo que fue desoído.

Para la primera aprobación provisional del documento, en mayo de 2006, ya se adoptaron medidas especiales para controlar el acceso de vecinos al pleno y lo mismo sucedió ayer, aunque en esta ocasión la federación vecinal se propone denunciar al gobierno local por cerrar el paso a los afectados, "pese a que algunos guardaban cola desde las cinco de la madrugada", aducía su presidenta, Elena González. Figueroa censuró el cerrojazo, reprochó que el gobierno no fuera capaz de "aguantar todo" y lo elevó a categoría de grave fisura en los comportamientos democráticos porque, en cambio, se había colado " público afín por la puerta de atrás".

El portavoz popular prometió seguir investigando los contenidos del plan, que según él dejará ámbitos sin desarrollar. También ha introducido cambios en los sistemas generales de ordenación, lo que justificaría la necesidad de nueva exposición pública, eleva a 63.000 el potencial de pisos protegidos e intenta legalizar la mayoría de las urbanizaciones con sentencias de derribo, tanto las generadas por el plan de 1993, como la última de Finca do Conde.