De Barajas al 'plan Ibarretxe'

La materialización, a primeros de diciembre, de la dimisión anunciada en septiembre por el presidente del PNV, Josu Jon Imaz, es el colofón de un mal año para el País Vasco. Un 2007 en el que se confirmó la ruptura definitiva del alto el fuego de ETA que, un año antes, había suscitado la esperanza del final de más de 40 años de terrorismo.

El año 2007 nació bajo la conmoción del atentado terrorista de ETA en la T-4 de Barajas, materializado dos días antes, que costó la vida a dos inmigrantes ecuatorianos y que enterró bajo sus escombros las expectativas de un final dialogado del terrorismo, abiertas con el alto el fuego de ETA de marzo de 2006.

Aunque tanto ETA como Batasuna trataron de mantener la expectativa del proceso, calificando el atentado de la T-4 como "accidente", el doble asesinato pesó decisivamente en el Gobierno, que retiró automáticamente a sus interlocutores y dio por suspendido el proceso.

El fin del alto el fuego demostró que la lucha antiterrorista seguía intacta y que ETA salía debilitada

Urkullu tiene la tarea de evitar la división en el PNV entre los que apoyan el 'plan Ibarretxe' y los que lo rechazan

Hubo un nuevo contacto entre el Gobierno y ETA, en mayo, a través de funcionarios del Estado, sin mandato negociador, para sondear a la banda si estaba dispuesta a abandonar definitivamente las armas. ETA no estaba dispuesta a ello, y tres semanas después, el 5 de junio, rompía formalmente el alto el fuego.

El final del alto el fuego demostró que los pilares de la lucha antiterrorista seguían intactos y que ETA salía debilitada del proceso. Las fuerzas de seguridad del Estado -con una colaboración internacional creciente, sobre todo francesa- desbarataron la mayoría de los intentos de ETA de atentar de junio a diciembre y detuvieron a un centenar de miembros de la banda y de la kale borroka. El 2 de diciembre, seis meses después de la ruptura del alto el fuego, ETA consumaba su primer asesinato, el de dos jóvenes guardias civiles en Capbreton (Francia). Con este doble asesinato son cuatro las víctimas mortales de ETA en esta legislatura. En la anterior, ETA mató a 44 personas.

Además de la fortaleza del Estado, ETA tiene otro problema respecto a la ruptura de las dos treguas anteriores, la de Argel de 1989 y la de Suiza de 1999, y es que una buena parte de su base social disiente de la vía violenta, como confirman todas las encuestas. Cree que el terrorismo es un camino sin salida, pero tampoco se atreve a manifestar públicamente esa disidencia.

La notoria falta de distanciamiento de Batasuna de ETA, una vez roto el alto el fuego, decidió al Gobierno, a instancias del juez Baltasar Garzón, a lanzar una ofensiva contra la cúpula de Batasuna, que fue encarcelada en octubre. A esta decisión seguirá previsiblemente, a primeros de enero, la ilegalización de ANV, la marca con la que la izquierda abertzale se presentó a las elecciones municipales.

Los éxitos de la política antiterrorista del Gobierno, tras la ruptura de la tregua, han dejado prácticamente sin argumentos al PP, empeñado en hacer del terrorismo un arma de desgaste electoral del Ejecutivo de Zapatero.

Con el encarcelamiento de la cúpula de Batasuna se entierra definitivamente el último intento de final dialogado de un Gobierno democrático con ETA. Ante el vacío, el lehendakari Juan José Ibarretxe complicó aún más el panorama al reactivar, en septiembre, su plan soberanista -el reconocimiento del derecho a decidir- a través de un procedimiento nuevo. Su pretensión es que el presidente del Gobierno acuerde las líneas generales de dicho derecho, que posteriormente los partidos vascos precisarían. A partir de ahí, el acuerdo se ratificaría en el Parlamento vasco, primero, y a través de una consulta popular, después.

La propuesta, cuyo intento Ibarretxe ha aplazado a la celebración de las elecciones de marzo, cuenta con el rechazo previo del presidente del Gobierno, del PSOE, del PP y con serias reticencias en el propio PNV.

Fueron precisamente las pretensiones soberanistas de Ibarretxe las que decidieron al presidente del PNV, Josu Jon Imaz, elegido en 2003, a anunciar su dimisión en septiembre y retirarse provisionalmente de la política activa. Frente al soberanismo de Ibarretxe como solución a los problemas vascos, incluido el terrorismo, Imaz defendía un acuerdo democrático y transversal, entre partidos nacionalistas y no nacionalistas, para terminar con ETA y construir el País Vasco.

Al nuevo presidente del PNV, Iñigo Urkullu, que sucede a Imaz, le corresponde la difícil tarea de evitar la división en el PNV entre los que apoyan el plan Ibarretxe y aquellos a los que les parece un dislate. Pero también de dar una salida al PNV si dicho plan descarrila.

Las elecciones generales de marzo serán el primer test en Euskadi para sondear la relación de fuerzas con una probable ausencia de la representación de la izquierda abertzale por la previsible ilegalización de ANV. Pero será en junio cuando Ibarretxe, de acuerdo con su calendario, comprobará en el Parlamento vasco si su plan dispone de mayoría o no. Y a partir de ahí, qué rumbo adopta y qué actitud toma la dirección del PNV con él. Mientras tanto, habrá que seguir la evolución de ETA y su entorno político ante la fuerte presión a que les está sometiendo el Estado tras el entierro del tercer proceso de diálogo.