La protesta sindical contra la ley de Educación será el 14 de febrero

Los sindicatos no quieren quedarse quietos ante la primera ley de educación que prepara el Gobierno catalán. Si se aprueba en los términos que ha planteado el Departamento de Educación, los sindicatos creen que alterará la actual situación de forma profunda. Los sindicatos están en contra de algunos cambios ya anunciados: más autonomía en escuelas e institutos, posibilidad de gestión privada de centros públicos por parte de cooperativas de padres y entidades sin afán de lucro, refuerzo del poder de las direcciones, evaluación de los docentes y capacidad de los centros para decidir los perfiles de los maestros y profesores. En Cataluña hay 80.000 docentes no universitarios.

Los sindicatos CC OO, USTEC, UGT Aspepc y CGT ya han acordado iniciar las movilizaciones desde mediados de enero. Inicialmente, se preveía una jornada de protesta de maestros y profesores el domingo 17 de febrero. Ahora, además, se da como seguro para realizar la protesta en día laboral el jueves, 14 de febrero, dicen los sindicatos.

Para esas fechas es probable que el Gobierno catalán no haya aprobado aún el proyecto de ley y no haya todavía un texto enviado al Parlament. Pero las centrales sindicales quieren lanzar toda su carga de oposición a la ley cuanto antes. Varios sindicatos afirman que la oposición a la ley será de todo el sindicato y no sólo de las federaciones de enseñanza. La prueba es que se da como probable la implicación de los secretarios generales de UGT, Josep Maria Álvarez, y de CC OO, Joan Coscubiela.

Las centrales sindicales quieren participar en las negociaciones previas a la redacción del borrador de la ley que elaborará el Departamento de Educación de la Generalitat.

Los debates ya han empezado en los centros escolares. Los sindicatos echan a faltar en el documento preliminar anunciado por el consejero de Educación, Ernest Maragall, propuestas concretas que eviten la segregacion del alumnado, especialmente de los inmigrantes, escolarizados ahora en su mayoría en la red de centros públicos.

Evaluación de docentes

También reclaman los sindicatos que se concreten las dotaciones económicas que tendrán los centros escolares y afirman que los profesores ya están actualmente sometidos a evaluaciones a través de la inspección y de los procesos de evaluación internos de los propios centros.

Los sindicatos echan a faltar propuestas de refuerzo de las aulas de cero a tres años, una etapa no obligatoria, donde más flaquean los centros públicos. El documento de bases presentado por el Departamento de Educación prevé que la etapa obligatoria empiece a los tres años en lugar de a los seis actuales. De esta forma, la escolarización obligatoria abarcaría un total de 13 años, desde los tres hasta los 16 años.